En el concepto presentado, la FND advierte que las razones expuestas por el Gobierno no corresponden a hechos imprevistos o extraordinarios, sino a problemáticas estructurales que, a su juicio, deben ser abordadas a través de los mecanismos ordinarios del Estado y no mediante un estado de excepción.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) elevó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se suspenda de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica y social, al considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales para este tipo de medidas excepcionales.
La petición fue radicada el 22 de enero de 2026, en el marco del proceso de revisión automática que adelanta el alto tribunal sobre el decreto legislativo expedido en diciembre de 2025, y busca que la Corte evalúe de forma urgente los alcances de la norma mientras se emite un fallo definitivo.
Cuestionamientos a la justificación de la emergencia
En el concepto presentado, la FND advierte que las razones expuestas por el Gobierno no corresponden a hechos imprevistos o extraordinarios, sino a problemáticas estructurales que, a su juicio, deben ser abordadas a través de los mecanismos ordinarios del Estado y no mediante un estado de excepción.
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Según la Federación, acudir a la emergencia económica para enfrentar situaciones que ya eran conocidas podría desbordar los límites fijados por la Constitución y abrir la puerta a un uso reiterado de facultades extraordinarias, debilitando el control democrático.
Advertencia sobre el equilibrio de poderes
Otro de los puntos centrales del documento es la preocupación por una posible afectación al equilibrio entre las ramas del poder público, en particular frente al rol del Congreso de la República, que quedaría relegado en la discusión y adopción de medidas de alto impacto fiscal y social.
La Federación considera que las decisiones estructurales en materia económica y social deben ser debatidas ampliamente y no concentrarse en decretos expedidos bajo un régimen excepcional.
La Corte deberá definir el alcance del decreto
Con la radicación de este concepto, la Corte Constitucional deberá analizar si procede o no la suspensión provisional del decreto, mientras avanza el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.
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El pronunciamiento del alto tribunal será clave para definir el futuro de las medidas adoptadas por el Gobierno y el alcance del uso de los estados de excepción en el actual contexto nacional.
