Nuevo esquema tributario dispara precios de licores y sacude consumo en La Guajira

Licorería en el centro de la ciudad. Foto derechos reservados EL INFORMADOR

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Asobares advirtió que el aumento podría encarecer hasta en un 40 % algunas botellas, haciendo inviable la formalización laboral y poniendo en riesgo empleos ya consolidados.

El inicio de 2026 traerá un golpe directo al bolsillo de los guajiros que consumen licor.

Con la expedición del decreto 1474, el Gobierno Nacional ajustó impuestos para cubrir el déficit fiscal, una decisión que eleva de forma significativa el precio de bebidas como aguardiente, ron y whisky, sin afectar, por ahora, al licor artesanal como el chirrinchi.

Las medidas, impulsadas por el ministerio de Hacienda, apuntan a sectores de alto consumo y recaudo.

En el caso de los licores fuertes, el IVA pasará del 5 % al 19 %, sumado a un impuesto al consumo del 30 % sobre el valor de la botella, encareciendo el producto final que llega a tiendas, licoreras, bares y restaurantes.

La única bebida que esquiva este ajuste es la cerveza, que mantendrá su régimen tributario actual.

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Según el Gobierno, se trata de un producto de alto consumo social, razón por la cual fue excluido del incremento, una decisión que muchos celebran, mientras otros cuestionan la coherencia del esquema impositivo.

 Bares y gremios prenden as alarmas

El impacto no se queda solo en el consumidor. Asobares advirtió que el aumento podría encarecer hasta en un 40 % algunas botellas, haciendo inviable la formalización laboral y poniendo en riesgo empleos ya consolidados.

El gremio alerta que las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del sector, serían las más golpeadas.

A estas críticas se sumó la Fábrica de Licores de Antioquia, que calificó la carga tributaria como insostenible. Según sus cálculos, los impuestos podrían representar hasta el 90 % del valor del producto, elevando el precio final al consumidor cerca de un 50 %, con riesgos adicionales como el aumento del contrabando y el licor adulterado, una amenaza latente para la salud pública y las finanzas regionales.

 

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