El presidente responsabilizó a la Corte Constitucional del estancamiento de su reforma pensional, acusó un complot político y pidió arrancar la recolección de firmas para convocar una Asamblea Constituyente.
Gustavo Petro volvió a desatar una tormenta política al reactivar la idea de una Asamblea Constituyente, tras la más reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. El alto tribunal no logró un acuerdo, terminó en un empate 4-4 y será un conjuez, Carlos Pablo Márquez, quien defina el futuro del proyecto más ambicioso del Ejecutivo en materia social.
El resultado llegó después de que el magistrado Héctor Carvajal, cercano al presidente, fuera separado de la discusión por sus labores anteriores como contratista de Colpensiones. Para la Casa de Nariño, esto significó un duro golpe.
Petro denunció que “parte de la Corte Constitucional se mueve para hundir la reforma pensional” y advirtió que, si la iniciativa cae, sería “un insulto a la idea de construir un Estado social de derecho”. Incluso cuestionó si el supuesto odio hacia él estaría llevando a algunos sectores a actuar contra los adultos mayores del país.
Le puede interesar: Defensora colombiana pide anular designación de exjefes paramilitares como gestores de paz
“No sé si han comprendido que, al hundir la ley pensional, llevarán a la quiebra también a los fondos privados de pensiones”, señaló el mandatario, quien rechazó los argumentos formales usados por algunos magistrados para poner en duda el trámite en el Congreso: “Es un absurdo”, dijo.
A su juicio, detrás de la discusión no hay razones jurídicas, sino un “movimiento de tipo político” para frenar su proyecto. Por eso, hizo un llamado a iniciar de inmediato la conformación del comité ciudadano que recogería las firmas para convocar la Asamblea Constituyente.
“No nos debemos dejar quitar la posibilidad de que Colombia sea un país de oportunidades para progresar y de esperanza, y no una finca de seis sujetos que la manejan para enriquecerse”, sostuvo Petro.
El presidente concluyó con una frase que subió aún más la tensión institucional: “La Constitución dice Estado social de derecho, y por ninguna parte aparece la palabra exclusión y fascismo”.
