La Corte Constitucional definirá este martes el futuro de la reforma pensional, una de las apuestas sociales más importantes del Gobierno de Gustavo Petro.
El alto tribunal deberá determinar si la Ley 2381 de 2024, aprobada por el Congreso, cumple con los requisitos constitucionales o si debe ser anulada por errores en su trámite legislativo.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte, presentó la ponencia que servirá de base para la discusión. En ella se analiza si los vicios detectados durante el cuarto debate en la Cámara de Representantes fueron corregidos en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la validez del quorum y la legalidad del procedimiento, lo que mantiene el ambiente de incertidumbre.
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La decisión puede tomar tres rumbos:
Inexequibilidad total: la ley sería anulada y seguiría vigente la Ley 100 de 1993.
Exequibilidad total: se ratificaría la norma y se definiría una nueva fecha de entrada en vigor.
Inexequibilidad parcial o diferida: la Corte permitiría ajustes sin desmontar por completo el sistema.
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El debate, además de jurídico, tiene un fuerte componente político. La Corte deberá resolver recusaciones e impedimentos, como la presentada contra el magistrado Héctor Carvajal, señalado de haber tenido vínculos previos con Colpensiones.
Mientras tanto, el país espera una decisión que podría redefinir el futuro de las pensiones en Colombia y marcar un nuevo capítulo en la gestión del Gobierno Petro.
