El documento identifica riesgos y formula recomendaciones para garantizar elecciones libres, seguras y pacíficas.
La Defensoría del Pueblo presentó este martes la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, una herramienta preventiva que busca fortalecer las garantías democráticas de cara a los próximos procesos electorales en Colombia.
El documento identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como riesgos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario antes, durante y después de los comicios.
Un llamado preventivo, no restrictivo
Según explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la Alerta no pretende generar alarma ni poner en duda la realización de los comicios. “Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, aseguró la funcionaria.
La Defensoría enfatizó que el propósito del documento es orientar el análisis institucional y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes, para fortalecer la acción estatal en la mitigación de riesgos y asegurar un proceso electoral libre y pacífico en todo el territorio nacional.
Seis ejes temáticos y 20 recomendaciones
La Alerta Temprana Electoral formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, con el fin de promover una respuesta coordinada del Estado frente a los posibles escenarios de riesgo.
Entre las entidades clave mencionadas están el Ministerio del Interior, encargado de fortalecer la articulación interinstitucional; el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, responsables de garantizar la seguridad en vías, puestos de votación y zonas de alto riesgo; y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que deberá activar planes de contingencia para candidatos, periodistas, víctimas y firmantes de paz.
Le puede interesar:Planta potabilizadora llevará agua segura a más de cinco mil wayuu en Uribia
Garantías y vigilancia institucional
El documento también insta a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral a asegurar la logística, transparencia y garantías del proceso, mientras que la Procuraduría, las Personerías y otros órganos de control deberán vigilar el cumplimiento de los protocolos de protección de derechos.
De igual forma, se solicita un trabajo conjunto para anticipar amenazas que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada electoral, especialmente en regiones con antecedentes de violencia o presencia de actores armados.
Poblaciones en especial condición de riesgo
La Defensoría del Pueblo resaltó que existen sectores de la población con mayores niveles de exposición ante la violencia política y electoral, por lo que requieren medidas diferenciales de protección.
Entre ellos se encuentran las candidaturas y sus equipos de campaña, los servidores públicos en cargos de elección popular, así como defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
Compromiso con la democracia
Finalmente, la entidad recalcó que la Alerta Temprana Electoral no tiene carácter político ni partidista, sino un enfoque preventivo y democrático. Su propósito es proteger a la ciudadanía y preservar la tradición democrática del país, que ha sostenido la realización de elecciones incluso en escenarios de adversidad.
“La democracia se defiende con anticipación, con garantías y con presencia institucional efectiva”, concluyó la Defensoría en su comunicado.
