Consideran que las medidas de 8 años no responden a la magnitud de los secuestros ni garantizan verdad plena.
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció sus primeras sanciones contra siete exintegrantes del último secretariado de las FARC por más de 21.000 casos de secuestro.
La decisión contempla penas de ocho años de trabajos y compromisos restaurativos, lo que generó malestar y críticas entre las víctimas del conflicto armado.
Algunos afectados reconocen que la medida podría representar un avance en términos de no repetición.
Sin embargo, otros consideran que el castigo es insuficiente y que la justicia no se está aplicando con la severidad necesaria.
“El perdón no reemplaza la justicia”
Óscar Tulio Lizcano, quien permaneció secuestrado en 2001, aseguró que la resolución de la JEP debería ser más rigurosa y que los excombatientes aún deben aportar más información para esclarecer la dimensión política de los secuestros. “El perdón es una decisión personal, pero no puede reemplazar la justicia ni la obligación de decir toda la verdad”, señaló.
Reclamo por los desaparecidos
El general retirado de la Policía, Luis Herlindo Mendieta, víctima del secuestro durante la toma de Mitú en 1998, lamentó que la sentencia no contemple exigencias claras sobre la localización de personas desaparecidas. Para él, la falta de resultados en este punto genera “un dolor adicional” a quienes aún esperan noticias de sus seres queridos.
Ambos coinciden en que la reparación integral debe incluir respuestas concretas y mayores compromisos de los exguerrilleros con la verdad. Aunque la JEP sostiene que estas sanciones buscan aportar a la reconciliación y la no repetición, el debate refleja la tensión entre justicia transicional y las expectativas de las víctimas.
