El alto tribunal aseguró que el proceso se desarrollará bajo total imparcialidad y dentro del plazo de 20 días que establece la ley.
La Corte Suprema de Justicia asumió el estudio de la acción de tutela que permitió la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de detención domiciliaria que pesaba en su contra desde el pasado 19 de agosto.
El presidente de la Corte, Octavio Tejeiro, recalcó que el trámite será manejado con plena neutralidad institucional, en consonancia con la tradición del alto tribunal. “La función de las instituciones judiciales es una función basada en la imparcialidad y eso es lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia durante 139 años”, afirmó el magistrado.
Los magistrados a cargo del caso
La revisión del recurso quedó en manos de los magistrados Gerson Chaverra, Diego Corredor y Myriam Ávila, integrantes de la Sala de Casación Penal. La tutela fue presentada por las víctimas reconocidas en el proceso: el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez.
Ellos cuestionaron la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó sin efecto la medida de aseguramiento dictada por la jueza 44 Penal del Circuito, Sandra Liliana Heredia, en primera instancia. En ese fallo, Uribe había recibido una condena de 12 años por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.
El debate jurídico
El tribunal capitalino justificó la libertad del exmandatario al considerar que no había pruebas de un eventual intento de evadir la justicia y que las medidas restrictivas no pueden sustentarse en riesgos hipotéticos ni en la relevancia política del acusado. Para los magistrados, cualquier medida de aseguramiento debe basarse en circunstancias objetivas, actuales y verificables.
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La Corte Suprema deberá determinar si la tutela que presentó la defensa de Uribe respetó las garantías constitucionales y si la actuación del Tribunal Superior se ajustó a los principios de legalidad y protección de derechos fundamentales.
Expectativa nacional
El plazo legal para que la Corte emita una decisión definitiva es de 20 días, tiempo en el que se evaluarán los argumentos de todas las partes. La resolución será determinante en un proceso que ha tenido amplio eco político y social, y que se ha convertido en uno de los más relevantes para la justicia colombiana en los últimos años.
Mientras tanto, Álvaro Uribe permanece en libertad a la espera de lo que resuelva el alto tribunal.
