En un paso decisivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó esta semana una ponencia que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría excedido los límites legales de financiación por un valor superior a $3 500 millones.
Esta ponencia, elaborada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ya fue presentada ante la Sala Plena del CNE y se espera que en los próximos días sea sometida a votación.
El gerente de campaña, Ricardo Roa quien hoy ocupa la presidencia de Ecopetrol es el principal señalado y enfrenta una propuesta de sanción que incluye una multa estimada en $4 000 millones. Igualmente, se contemplan sanciones económicas para la tesorera Lucy Aydeé Mogollón, la auditora María Lucy Soto, y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, por su presunta implicación en la financiación irregular.
Además de la infracción a límites económicos, la ponencia señala el uso de fuentes prohibidas de financiación por más de $2 779 millones, y que algunos recursos no fueron reportados ni integrados en los informes oficiales.
Le puede interesar:Petro acusa al expresidente Duque de respaldar a Israel "en medio de un genocidio"
El proyecto no solo sugiere sanciones administrativas, sino que también plantea compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por presuntas conductas penalmente relevantes, como la violación de topes, financiación ilegal o posible fraude procesal. Asimismo, propone remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en caso de que se requiera avanzar en investigaciones adicionales.
Este caso toma aún más relevancia tras un fallo de la Corte Constitucional, que estableció que el CNE no tiene competencia para investigar directamente al presidente Gustavo Petro por violación de topes debido a su fuero. Dicho proceso, de ser necesario, deberá adelantarse en la Cámara de Representantes. No obstante, la corte sí autorizó que el CNE continúe con la investigación y posible sanción a otros actores de la campaña, como Roa y el equipo financiero.
Mientras tanto, la Sala Plena del CNE evaluará si avala o rechaza la ponencia, dando paso a sanciones efectivas o al cierre del caso. La cita está programada para este 27 de agosto, cuando los magistrados discutirán los alcances de esta resolución histórica.
