La Fundación para el Estado de Derecho pidió al Consejo de Estado anular el decreto por falta de autorización del Senado, como exige la Constitución.
La Fundación para el Estado de Derecho presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra el decreto expedido por el Gobierno Nacional que convoca a una consulta popular, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales.
Según la organización, el decreto carece de la autorización previa del Senado, exigida por el artículo 104 de la Constitución, lo que lo haría jurídicamente improcedente. Andrés Caro, director de la Fundación, explicó que la demanda busca proteger principios fundamentales como la supremacía constitucional, la separación de poderes y el principio de legalidad en el ejercicio del poder público.
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“La expedición de este decreto representa una extralimitación de funciones, al asumir facultades no previstas en la Constitución ni en la ley. Además, se usurpan funciones judiciales y se aplica de manera indebida la excepción de inconstitucionalidad”, indicó Caro.
Entre los cargos presentados en la demanda se destacan:
- Violación del artículo 104 de la Constitución.
- Irrespeto a la separación de poderes y funciones del Senado.
- Aplicación indebida de la excepción de inconstitucionalidad.
- Usurpación de funciones judiciales.
- Violación del principio de legalidad.
- Desviación de poder.
- Falsa motivación.
- Expedición irregular por firma de ministros encargados y presuntas presiones.
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Hasta la fecha, se han radicado al menos ocho demandas de nulidad y una tutela en contra del decreto.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional de la norma mientras se estudia de fondo su legalidad.
