Una semana antes de que se oficializara la designación de Irene Vélez como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el entonces director encargado, Edilberto Peñaranda, firmó una resolución que modificó el manual de funciones de la entidad.
Esta decisión amplió los perfiles profesionales aceptados para ocupar cargos directivos, permitiendo la inclusión de áreas como las ciencias humanas. Específicamente, se habilitó que el subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana y tres asesores de la Dirección General puedan tener formación en disciplinas como filosofía, teología y campos afines.
Irene Vélez, quien anteriormente se desempeñó como ministra de Minas y Energía, ha sido una figura controvertida. Su salida del ministerio estuvo marcada por señalamientos de abuso de poder, tras gestionar ante Migración Colombia la salida del país de sus hijos sin cumplir los requisitos legales. Además, enfrentó críticas por su falta de experiencia técnica y errores en estimaciones sobre la autosuficiencia de gas del país.
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Según la ANLA, los cambios en los requisitos de formación tienen como objetivo fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú y cumplir con disposiciones del Decreto 1083 de 2015, especialmente en lo relacionado con la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Vélez, filósofa de la Universidad Nacional, magíster en Estudios Culturales y doctora en Geografía y Geología por la Universidad de Copenhague, ha centrado su trayectoria académica en el análisis del extractivismo y sus impactos sobre las comunidades étnicas. Su llegada a la ANLA sugiere un giro institucional hacia una mayor atención a los aspectos sociales y ambientales, lo que podría generar tensiones con los sectores extractivos que requieren licencias para operar.
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