Carlos Carrillo reveló que Alfaro tenía un contrato de $24 millones y buscó obtener otro por $100 millones durante los últimos meses de la gestión de López en la entidad.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continúa generando controversia al abordar la gestión de su predecesor, Olmedo López, en esa organización. López dejó su cargo luego del escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de 40 camiones cisterna para abastecer agua en La Guajira.
El director Carrillo reveló que durante las últimas horas de la gestión de López en la Ungrd, los miembros de su equipo firmaron diversos actos administrativos comprometiendo una considerable suma de dinero. Uno de estos actos fue la entrega de fondos al abogado Iván Alfaro, quien también representa legalmente a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro.
Le puede interesar: Duque ve "desespero" e "inseguridad" en actitud de Petro y propone un "debate democrático"
En relación a esto, Carrillo comunicó en su cuenta de redes sociales que Alfaro, quien ya tenía un contrato por $24 millones, solicitó un nuevo contrato por $100 millones mensuales para una de las varias firmas legales con las que está vinculado.
Además, el director de la UNGRD indicó que para obtener este contrato, que aún está activo, Alfaro solo presentó experiencia en una firma legal: la suya, Alfaro Gómez Asociados, a pesar de formar parte de varias firmas junto con otros tres socios.
El funcionario también destacó que la Unidad fue excesivamente generosa con Alfaro durante la gestión de Olmedo. Explicó que Ana María Castaño, la exsecretaria general que afirma estar embarazada, intentó otorgar al grupo Capstone (al que pertenecía la firma Alfaro Gómez & Asociados) un contrato generoso de asesoría legal el mismo día en que Olmedo dejó su cargo.
Le puede interesar: Conflictos sociales en el sector minero-energético aumentaron un 46 % en 2023
Carlos Carrillo afirmó que en la UNGRD existe un retraso inexplicable en la gestión documental debido a la falta de un software que permita rastrear lo que se firma, lo que le impide encontrar muchos documentos necesarios.
"Las piezas del rompecabezas están empezando a encajar poco a poco", concluyó el director de la Unidad.
