En total son 19 las localidades en donde se desarrollarán los espacios territoriales previstos para las ocho regiones priorizadas, que corresponden a 14 departamentos y Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho efectuó este fin de semana en San Miguel, Putumayo, el primer ‘Encuentro Territorial para la Formulación Participativa e Incluyente de la Política Nacional de Drogas 2023 - 2033’, espacio acordado con los líderes sociales, representantes de asociaciones y organizaciones de cultivadores de coca de siete departamentos.
En la sesión, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ‘Unodc’, se recibieron aportes de las autoridades de la región, de organizaciones sociales y cocaleras, desde los saberes del territorio.
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A la convocatoria hecha por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho acudieron el líder del área de Estudios Territoriales de ‘Unodc’, Miguel Serrano; la asesora de la dirección del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito ‘Pnis’, María Clara Torres; el representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ‘Anuc’, Éder Sánchez, y el alcalde de San Miguel, Beyer Peña.
Los encuentros continuarán en Puerto Asís, Putumayo. En total son 19 municipios donde se desarrollarán los espacios territoriales previstos para las ocho regiones priorizadas, que corresponden a 14 departamentos y Bogotá.
El cronograma de trabajo contempla encuentros en Caquetá, Amazonas, Bajo Cauca antioqueño, Sur de Bolívar, Córdoba, Bogotá, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Chocó, Atlántico y Arauca.
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Este es el primer espacio acordado con los representantes de organizaciones sociales de Cauca, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, donde participan los líderes y lideresas de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola; de los movimientos campesinos Cultivadores de Coca y Cocalero Agrario y Ambiental (Moviccap), y de las asociaciones campesinas del Sur Oriente del Putumayo, de Puerto Leguízamo, y de Puerto Asís Putumayo , entre otros.
El Gobierno Nacional, trabaja de la mano de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito en la construcción de una política incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente.
