El Ministerio Público advirtió que, pese a las acciones tomadas por el Distrito, las violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad persisten.
“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos”, se asegura en su comunicado a la opinión pública.
Asimismo, El ministerio público solicitó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, su intervención inmediata para lograr que se resuelva de fondo la situación de hacinamiento que tiene en estado de vulnerabilidad las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad.
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Además, tras recibir un informe solicitado a la Subcomandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, que revela un nivel de hacinamiento de 254 por ciento en estos centros de reclusión transitoria, además de un alto número de efectivos policiales (409) dedicados a la custodia de las PPL, la Procuraduría requirió a la mandataria distrital asumir directamente, como lo determina la ley, la administración y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente.
La Procuraduría en su comunicado le recordó que los compromisos adquiridos por su administración como respuesta a un requerimiento presentado el pasado 22 de julio de 2022 por la delegada para los Derechos Humanos sobre medidas para atender esta crisis, no han generado el impacto esperado y han sido insuficientes para solucionar de fondo a esta grave problemática.
“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros” asegur.
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El Ministerio Público solicitó a la mandataria, en un término perentorio, adelantar las gestiones necesarias (con Inpec y Policía) para el traslado a reclusiones del orden nacional de los condenados recluidos en las estaciones de policía de la ciudad.
También requirió informes completos sobre el nivel de cumplimiento logrado hasta el momento frente a las órdenes de la Corte Constitucional para resolver la crisis penitenciaria y carcelaria y le recordó que debe hacer uso de los recursos (Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonset y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon) a los que el Distrito tiene acceso, para la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y la posibilidad de contratar con empresas de seguridad acreditadas el servicio de custodia y vigilancia.
