Para asegurar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo el Gobierno Nacional firmó el Decreto 801 del 16 de mayo, dicho decreto adopta la Política Pública de Vendedores Informales.
“Se entrega un instrumento legal dirigido a vendedores informales, organizaciones de vendedores informales y a las entidades territoriales, gobernadores y alcaldes. Cuenta con objetivos como: empezar a disminuir la informalidad laboral y la conflictividad por el uso del espacio público y ayudar a estas personas con programas sociales”, anotó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
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La disposición se convierte en una herramienta para el desarrollo de soluciones a la situación de precariedad de este sector y apunta a ampliar las capacidades y oportunidades de las personas hacia condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los niveles de pobreza y desigualdad.
Así mismo, a mejorarlas condiciones para la inclusión de la población trabajadora informal en el aprovechamiento del espacio público, y reconociendo la necesidad de conciliar dos derechos fundamentales en constante conflicto, al trabajo y al mínimo vital y al gozo del espacio público.
DATO:
La falta de oportunidad, sumada a la persistente pobreza, la desigualdad y la informalidad han conducido a que muchas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, se vean obligadas a buscar su sustento y el de sus familias a través de las ventas informales en el espacio público.