En la mañana de este miércoles, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pronunció sobre la decisión que adoptó un juez de suspender la caducidad del millonario contrato del Ministerio de las TIC con la unión temporal de Centros Poblados y de frenar el proceso de embargo que había ordenado la ministra Karen Abudinen en días pasados.
En medio de la visita que adelanta en Corea del Sur, el jefe de Estado rechazó la determinación del juez de Puerto Colombia e indicó que frente a este panorama que ‘destapó’ presuntos hechos de corrupción no se podía quedar callado. Incluso, calificó la decisión de paradójica, puesto que se tenían las pruebas que rodean el proceso.
“Yo creo que uno tiene que entender los fallos pero uno no se puede quedar callado con las fallas y a mi si me parece muy curioso, muy paradójico, que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron pólizas, perdón que lo diga coloquialmente, pólizas chimbas, pólizas falsas”, expresó Duque.
Además, agregó que "se recurrió a esas prácticas para ganar un contrato y eludir todas las normas contractuales de nuestro país, eso es evidente, protuberante, ha sido demostrado, no entiendo por qué a los ojos de un juez no cumple con el debido proceso”.
En medio de su intervención, el mandatario colombiano manifestó que la caducidad del contrato se había implementado con el propósito de proteger los intereses de la nación.
“Todo ese proceso de castigo era con el objetivo de que se aplique la máxima sanción contractual a quienes fraudulentamente presentaron información para ganar un contrato”, ratificó el mandatario.
De igual forma, el presidente Duque solicitó que la situación debe ser revisada por la Comisión de Disciplina Judicial, con el fin de establecer que hay detrás de la decisión. “Claramente esta situación amerita por lo menos un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial para ver qué puede haber detrás de una decisión de esa naturaleza”, sostuvo.
Cabe recordar que, en días pasados la ministra Karen Abudinen ordenó el embargo de las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes, tras ratificarse el pasado 13 de agosto la caducidad del contrato 1043 de 2020, con el que se buscaba llevar internet a colegios de zonas rurales del país.
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Es válido mencionar que, Centros Poblados está formado por las empresas Funtic o Novatic, IMC Ingenieros S.A.S, Intec de la Costa S.A.S, Omega Building Constructora S.A.S. y La Nación Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
