El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de cinco artículos que busca cerrar todo beneficio a quienes sean procesados o condenados por delitos de corrupción.
Durante el lanzamiento de esa estrategia, el presidente Santos señaló que la disminución de penas por allanamiento a cargos y la casa por cárcel no están “descongestionando el sistema de administración de justicia ni sirviendo para disuadir a los corruptos”.
Por eso, la propuesta del Gobierno, que empezará a ser discutida una vez se instalen las sesiones ordinarias del Congreso en marzo, consiste en eliminar, entre otras cosas, ambos beneficios.
El documento radicado en el Senado dice que ante una condena contra un funcionario o particular por hechos de corrupción, esa sentencia solo se cumplirá en prisión.
