Padres de familia de la Institución Educativa Rural San Pedro de la Sierra, y líderes comunales, protagonizaron protestas, mientras el magisterio denuncia presiones y defiende la institucionalidad educativa.
La situación escaló luego de que padres de familia y líderes comunitarios realizaran un plantón a las afueras del plantel educativo, manifestando su descontento frente a decisiones internas y solicitando cambios en la institución. Estas acciones generaron la reacción del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena (EDUMAG), subdirectiva Ciénaga, que emitió un comunicado rechazando lo ocurrido.
Magisterio rechaza presiones
En su pronunciamiento, el gremio docente calificó los hechos como una vulneración a la institucionalidad educativa y advirtió que no se puede permitir el cierre de escuelas ni presiones para forzar decisiones administrativas por vías de hecho.
“El cierre de una institución como mecanismo de presión y los señalamientos contra docentes atentan contra el derecho a la educación”, señaló la organización, que además insistió en que la escuela debe ser un espacio de formación y no de confrontación.
Asimismo, el sindicato pidió la intervención de las autoridades educativas y organismos de control para garantizar la continuidad del servicio y condiciones adecuadas para el ejercicio docente.
Le puede interesar: Unimagdalena refuerza seguridad y bienestar en su campus
Comunidad exige soluciones
Por su parte, la comunidad ha expresado su inconformidad frente a diferentes situaciones que, según indican, afectan el normal desarrollo de las actividades académicas, motivo por el cual decidieron acudir a la protesta como mecanismo de presión para ser escuchados.
Los líderes comunitarios y padres de familia insisten en la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades, asegurando que su intención es mejorar las condiciones educativas para los estudiantes del sector.
Llamado a la mediación
Ante este escenario, crece el llamado a la intervención de la Secretaría de Educación y demás entidades competentes, con el fin de mediar en el conflicto y evitar que la situación continúe afectando a los estudiantes.
El caso refleja una problemática recurrente en zonas rurales del país, donde las tensiones entre comunidad e instituciones educativas terminan impactando el derecho fundamental a la educación.
