Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de un memorando, se dictaron unas orientaciones a las Direcciones Regionales para la contratación de los servicios de educación básica a la Primera Infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se refiere a que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
En el memorando se le otorga la responsabilidad a las Direcciones Regionales para adelantar los procedimientos de contratación de conformidad con los lineamientos y demás orientaciones impartidas para el efecto. Señala el documento que, “para la prestación de los servicios de HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, Hogares Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAMI, jardines sociales y otros, las Direcciones Regionales priorizarán la contratación con las asociaciones de padres y madres usuarios del servicio y de padres usuarios o madres comunitarias”.
Así mismo, en los lineamientos de contratación orientados desde la dirección nacional de ICBF también se advierte que “para la prestación de los servicios que trata el presente memorando, se sugiere a las Direcciones Regionales promover la contratación con Cabildos Indígenas, las asociaciones de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, Consejos Indígenas u Organizaciones Indígenas con el objetivo de fortalecer su ejercicio autónomo de gobierno propio, y la capacidad de administración y ejecución de las autoridades étnicas”.
Sin embargo, se conoció que desde la Regional Magdalena del ICBF siguen adjudicando y celebrando contratos con fundaciones bajo la modalidad de contratación directa, saltándose las directrices señaladas en el memorando enviado desde la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La información precisa que el director de la Regional Magdalena, Leonardo Alfonso Pérez Medina, adjudicó más de 42.290 millones de pesos a fundaciones que vienen operando desde hace mucho tiempo, yendo en contra de las nuevas directivas.
Al parecer el funcionario encargado de la regional no ha tenido en cuenta a las asociaciones de padres de familias ni a los grupos étnicos que aquí operan, siendo que están debidamente legalizado ni tampoco los ha llamado a ofertar los servicios a contratar Ante tal situación surgen varias preguntas: ¿Por qué no contratar con ellos, tal y como lo determina la dirección nacional del ICBF? ¿Cuál es el motivo por el cual la Regional Magdalena sigue manteniendo las contrataciones con las mismas fundaciones de siempre?. Se espera una respuesta del funcionario.
