A ese y otros acuerdos llegó la gobernación, tras atender el llamado de este organismo en defensa de los afectados del conflicto armado.
La administración departamental anunció que el presupuesto para el plan de trabajo de la Mesa Departamental de Víctimas pasará de 109 a $500 millones de pesos, es decir, un incremento de 350 por ciento, en aras de beneficiar en materia social a la población afectada por el conflicto armado en el Departamento.
A este y otros importantes acuerdos en materia de seguridad, derechos, proyectos y políticas públicas llegó el mandatario departamental durante una nueva sesión de la Mesa Departamental de Víctimas, coordinada en el Magdalena por Eucaris Salas. Encuentro en el que también participaron: Odorio Guerra, coordinador de la Mesa Distrital de Víctimas de Santa Marta; miembros de Gabinete Departamental; coordinadores y demás integrantes de las mesas de víctimas.
En este sentido, cabe precisar que el ajuste se hará teniendo en cuenta que, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, la Nación les había reducido el presupuesto de 375 millones a 109 millones, por lo que la Gobernación anunció este importante incremento, en beneficio de los derechos de las víctimas. Dichos recursos son independientes a los ya trazados dentro del Plan Departamental de Desarrollo para todo el componente de víctimas.
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Acuerdos de seguridad
Asimismo, entre los otros compromisos se fijó solicitar a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida en el Magdalena, para que monitoree de manera permanente las diferentes acciones que se vienen presentando alrededor de la seguridad de las víctimas.
En ese sentido, la administración departamental atenderá otras situaciones que estarían poniendo en riesgo el bienestar de esta población en el corregimiento de Apure, en Plato; al igual que un posible desplazamiento de lideresas en Salaminita.
Igualmente, se acordó entregar un informe para finales del próximo mes por parte de la Policía, el Ejército y la Fiscalía sobre la investigación de estos hechos para luego activar la ruta de protección de esta población afectada.
