Así lo estableció la Contraloría del Magdalena, quien anunció la apertura proceso de Responsabilidad Fiscal en contra del Gobernador y de la firma contratista Equipar T.M. LTDA por contrato de compra de elementos de Bioseguridad.
El ente de control indicó que con este proceso pretende esclarecer los hechos que pudieran generar un presunto detrimento patrimonial en relación a la celebración y ejecución del contrato de compra No 0229 del 2020, evaluado por más de $11 mil millones.
El objetivo de aquel contrato era adquirir elementos de protección personal para contener la propagación de la covid-19 durante la época más dura de la pandemia en el territorio magdalenense.
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En este sentido, el órgano de control reveló que en dicho proceso “se encuentran vinculados como presuntos responsables el señor gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, la jefe de la Oficina de Contratación, Jenny Camacho Neuto, el exsecretario Seccional de Salud y Supervisor del mencionado contrato, Jorge Bernal Conde y la Sociedad Comercial Equipar T.M. LTDA, que fungió como contratista, la cual es representada legalmente por el señor Cristian Rafael Pitre Quiñones”.
Finalmente, agregó que “los presuntos responsables serán llamados a rendir versión libre y espontanea ante este órgano de control” sin haber establecido fechas.
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