Con el fin de garantizar el acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes del Departamento, el secretario de Educación, Eduardo Arteta Coronell, hace un llamado a los directores de Núcleo, rectores, directores rurales y representantes legales de los establecimientos educativos de orden oficial y privado para que limiten la lista de útiles escolares a materiales estrictamente indispensables para cursar el año académico.
Arteta Coronell advierte que, de conformidad a la Ley 1269 de 2008, los establecimientos educativos no podrán exigir en ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas en dinero o especies diferentes a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos.
Del mismo modo, los establecimientos educativos solo pueden exigir un uniforme de diario y otro para educación física, recreación y deporte. La falta de uniforme por razones económicas no podrá privar al estudiante de participar en las actividades académicas.
Se hace la salvedad, que de conformidad al Decreto 1075 de 2015, en ningún caso los colegios pueden imponer a los padres de familia la obligación de comprar los útiles o materiales educativos, en negocios propios de las asociaciones de padres de familia o de miembros de estas, o en aquellas en la que se establezcan convenios.
Cabe resaltar, que la lista de útiles escolares, textos, uniformes y demás implementos que se usarán durante el año escolar tienen que contar con la aprobación del consejo directivo del colegio y ser entregada en el momento de la matrícula.
Arteta Coronell conminó a todos los rectores y a la comunidad educativa en general para que sean veedores y hagan cumplir la Ley 1268 de 2008, puesto que el incumplimiento de la misma dará lugar a las sanciones legales pertinentes.
El funcionario invita a los padres de familia para que pongan en conocimiento ante la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Departamento, aquellos colegios privados que cometan abusos con respecto a la solicitud de útiles escolares y cobros excesivos de matrículas y pensiones.
