Personas privadas de la libertad protestaron durante tres horas por traslados a la Cárcel Rodrigo de Bastidas y por presuntas irregularidades en la entrega de alimentos. Autoridades atendieron la emergencia y descartan fugas.
Un motín protagonizado por personas privadas de la libertad alteró la tranquilidad del Centro Histórico de Santa Marta el pasado miércoles, luego de que un grupo de sindicados recluidos en el Centro Transitorio de Protección (CTP), ubicado en la Calle Madrid (calle 10) con Avenida Campo Serrano (carrera 5), iniciara una protesta que se extendió por más de tres horas.
La situación se presentó a las 3:00 de la tarde y obligó a la activación de los protocolos de seguridad por parte de las autoridades distritales. Hasta el lugar se desplazaron representantes del Ministerio Público, incluyendo la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo, así como los secretarios de Gobierno, Camilo George, y de Seguridad, Gustavo Berdugo, en compañía de un dispositivo especial de la Policía Metropolitana, liderado por el coronel Jaime Ríos.
Según informó la administración distrital, la protesta tuvo origen en el descontento de algunos sindicados que fueron trasladados a la Cárcel Rodrigo de Bastidas. Aunque se intentó mediar inicialmente para disuadir la protesta, el motín continuó con reclamos por parte de los internos sobre presuntos problemas en el control y entrega de alimentos.
Durante los disturbios, los reclusos causaron daños en la estructura del centro transitorio y en un edificio vecino. El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, Alex Velásquez, realizó una visita al lugar y ordenó la evaluación de los daños y un inventario detallado de las afectaciones.
Finalmente, tras nuevas conversaciones con algunos voceros del grupo de protestantes, se logró su retorno a las celdas y se hizo un conteo que permitió confirmar que no hubo fugas durante el episodio.
La Alcaldía, encabezada por Carlos Pinedo Cuello, anunció que se encuentra en proceso de estructuración de un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para trasladar de manera definitiva a los sindicados a la Cárcel Rodrigo de Bastidas, con el fin de liberar este inmueble en el Centro Histórico, considerado estratégico para el desarrollo económico de la ciudad.
Lea, además: Motín en 'La Norte' paraliza el centro de Santa Marta y colapsa el transporte público
