Miguel Martínez: “Me sacaron por denunciar al poder político de turno”

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Polémica, la intervención de la policía y los 'rifi rafes' entre cabildantes, marcaron la sesión del Concejo Distrital de Santa Marta realizada el pasado miércoles, luego de que el concejal Miguel Martínez fuera retirado del recinto por la fuerza pública tras un altercado que, según distintos sectores de la corporación, alteró el desarrollo normal del debate.

Durante la jornada de este jueves, Martínez se pronunció públicamente y denunció haber sido víctima de una agresión física por parte del presidente del Concejo, Pedro Gómez, contra quien aseguró haber interpuesto una denuncia penal bajo el radicado 2025-15331 por los presuntos delitos de lesiones personales agravadas, prevaricato y abuso de autoridad.

El concejal, quien se declaró víctima de persecución política, señaló que su expulsión del recinto responde a las críticas que ha hecho contra el manejo de recursos públicos y la contratación en el Distrito. “Estas agresiones no se las hicieron a Miguel Martínez, sino al pueblo que represento. Me han silenciado por denunciar el despilfarro de $7.500 millones en las Fiestas del Mar, la idoneidad del presidente del Concejo y los contratos entregados a familiares del alcalde”, expresó en su intervención.



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Martínez también cuestionó la continuidad de la sesión tras el incidente, indicando que solo el concejal Vargas se solidarizó con él. “Me preocupa que los demás concejales siguieran como si nada, cuando esta misma situación podría repetirse con cualquiera de ellos”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Concejo, Pedro Gómez, no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia del edil, aunque previamente justificó la decisión de solicitar el retiro de Martínez argumentando que su comportamiento había alterado el orden de la sesión.

El hecho está generado opiniones divididas al rededor de la corporación, mientras algunos consideran que se trató de una medida necesaria para garantizar el normal desarrollo del debate, otros califican lo ocurrido como un acto de censura y abuso de poder.

La Procuraduría y la Personería Distrital aún no se han pronunciado sobre lo sucedido, aunque se espera que en los próximos días se determine si hubo irregularidades en el procedimiento que derivó en la expulsión del cabildante.

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