El interventor acordó con los sindicatos establecer dos mesas técnicas para aumentar los ingresos de la empresa y reducir las pérdidas.
Edwin Palma, el nuevo agente interventor de Air-e, reveló que al menos 16 directivos de la empresa de energía reciben salarios de hasta $85 millones de mensuales. Estos descubrimientos fueron detectados en una auditoría inicial a la nómina de la compañía, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
Tras este hallazgo, el agente interventor, Palma, anunció una reestructuración inmediata en los cargos directivos de Air-e. La propuesta incluye la eliminación de varias posiciones y la fusión de otras, con el fin de reducir el gasto administrativo y optimizar la gestión de la empresa, que se encarga de la distribución y comercialización de energía en la costa.
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Los sindicatos de Air-e han expresado su respaldo a las medidas de Palma, especialmente en su intención de terminar con la privatización en el sector y mejorar las condiciones laborales. Los representantes sindicales también han solicitado una mejora en el servicio para los barrios con infraestructuras eléctricas deficientes, conocidos como barrios subnormales.
Edwin Palma, acordó con los sindicatos establecer dos mesas técnicas para aumentar los ingresos de la empresa y reducir las pérdidas, así como para fortalecer la conexión con la ciudadanía. "Estamos revisando y tratando no solamente de normalizar esta situación, sino de disminuir estos gastos del primer nivel", afirmó, enfatizando la importancia de alinear la administración de Air-e con su realidad económica actual.
Frente a los reiterados señalamientos del gobierno por supuestas situaciones en la empresa del servicio de energía, Jaime Lombana, abogado de la compañía, ha expresado su rechazo y explicado que el agente interventor cuenta con todos los documentos que soportan la actuación legal de Air-e.
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Entretanto, el Gobierno Nacional ha sido enfático en decir que esta intervención busca recuperar la confianza de los usuarios y mejorar la articulación con las comunidades afectadas por los problemas de suministro eléctrico.
Palma ha señalado que su administración se compromete a escuchar y respetar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, además de involucrarlos en las decisiones clave.
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