El Ejército Gaitanista de Colombia expresó al presidente electo, Abelardo De la Espriella, su disposición de iniciar un eventual proceso de sometimiento a la justicia, aunque condicionó ese paso a la construcción de un marco jurídico especial, garantías de seguridad y acompañamiento internacional para sus integrantes.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) dio a conocer, mediante una carta dirigida al presidente electo, Abelardo De la Espriella, su intención de avanzar hacia un eventual proceso de sometimiento a la justicia.
En el documento, la organización armada sostiene que el principal desafío no es su disposición para acogerse a la ley, sino la necesidad de establecer condiciones jurídicas y de seguridad que brinden garantías a quienes integran el grupo.
Como parte de su propuesta, el EGC solicitó la creación de una ley especial que contemple aspectos relacionados con la verdad, la reparación, plazos definidos para el proceso y garantías de no repetición. Según expuso, la legislación vigente no ofrece las herramientas suficientes para un sometimiento de las dimensiones que plantea la organización.
Doctor
— Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista) June 29, 2026
ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO
Presidente Electo
República de Colombia
E. S. M.
ASUNTO: Hemos escuchado el mensaje que el señor Presidente electo dirigió al país el 25 de junio de 2026. Entendemos lo que nos quiere decir y nos damos por notificados. @ELTIEMPO pic.twitter.com/64EnQrHkrV
En la comunicación también hizo referencia al proceso de Justicia y Paz aplicado a las antiguas AUC, al considerar que, después de dos décadas, aún existen excombatientes que enfrentan limitaciones en materia jurídica.
De igual forma, el grupo armado propuso que un eventual proceso cuente con el respaldo y acompañamiento de la comunidad internacional, mencionando la participación de países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Noruega, Suiza y Catar.
Como señal de buena voluntad hacia el nuevo gobierno y un posible proceso de paz, el EGC anunció la suspensión durante tres meses del cobro del denominado impuesto de guerra en varios municipios.
