La determinación del Ministerio Público se basa en las denuncias hechas en días pasados por el millonario gasto al parecer injustificado en el periodo administrativo de 2016 a 2022.
El Personero Distrital de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, presentó una acción popular ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena con el objeto de amparar a la comunidad afectada en sus derechos colectivos constitucionales correspondientes, a la moralidad administrativa y al patrimonio público, como consecuencia de la suscripción y ejecución del contrato de prestación de servicios No. 333 de 2019 entre la Empresa ESSMAR E.S.P. y el Consorcio Conlus, por medio del cual se reconoce y paga al contratista sumas que exceden los costos máximos de prestación del servicio de Alumbrado Público dispuestos por la Regulación de la Comisión De Regulación De Energía y Gas,Creg.
El oficio presentado por el personero dice que, “entre las pretensiones principales de la acción popular impetrada, encontramos: Que se declare que los accionados han puesto en peligro los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, que se ordene la adopción de las medidas necesarias y pertinentes a garantizar que los recursos del Impuesto de Alumbrado Público sean administrados y utilizados dentro de los límites permitidos por la Ley y la Regulación, que se ordene la conformación de un Comité que tenga por objeto la revisión mensual de las cifras de recaudo del Impuesto de Alumbrado Público y los gastos que se asumen con cargo a los recursos de dicho impuesto, con la participación de ESSMAR E.S.P. y el Distrito como responsables de la prestación del servicio y titular del tributo, respectivamente y que se ordene a la Essmar E.S.P. abstenerse de realizar pagos al Contratista Conlus que superen los costos máximos eficientes permitidos por la regulación de la Creg.
En los hallazgos hechos por la entidad se pudieron conocer que “dentro de los informes presentados por Conlus, y aprobados por la Essmar, se evidencia que la componente gestión para la ejecución de cobros en sede la administrativa (cobros coactivos): se repiten cifras y datos desde el 2016 al 2022, no genera ningún valor agregado, y se observan las mismas actividades mes a mes y año a año, se plasma lo mismo cada informe durante todos estos años”, manifestó Edwar Orozco.
El personero agregó, “la Essmar pretende tergiversar la figura de los contratos de ‘prestación de servicios’, empleando dicha figura para cubrir lo que realmente podría tratarse de un contrato de concesión del servicio de alumbrado público, al haberse delegado en un tercero ajeno a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, la atención de los componentes de administración, operación y mantenimiento del servicio, relajándose la está al papel de un simple supervisor”.
