La administración distrital deberá asumir las acciones que tome el Concejo si no se cumplen con las contrataciones estipuladas.
El pasado 6 de diciembre se dio a conocer el fallo del Concejo Distrital ante el proyecto que la Administración de Santa Marta había radicado a la corporación, a raíz de esto se conoce que a los concejales Efraín Lozano, Jorge Yecid Ospino, Martha García y Pedro Gómez han recibido amenazas por parte de la ciudadanía, al rechazar el proyecto de alimentación que el concejal Orlando Socarras puso ponencia.
Las causas
La administración distrital debía enviar una documentación que desde la corporación me habían solicitado y hasta la fecha no fue recibida dicha documentación, por lo cual, los concejales se vieron en la obligación de rechazar dicho proyecto, que aunque haya tenido un fallo negativo la alcaldesa, Virna Johnson podrá iniciar el proceso de contratación del PAE el 1 de enero, para garantizar desde el primer día de clases a los niños del Distrito la alimentación.
"La ponencia negativa la hace el concejal Orlando Socarras, un concejal de la Administración, es decir, es de ella y Orlando Socarras en la sesión dijo; si a mí me llega el proyecto y nuevamente llegan faltando los documentos que se requieren para aprobarlo a mí me toca ponerle otra vez ponencia negativa ", expresó la concejal Martha García, en entrevista para EL INFORMADOR.
De igual forma aseguró; "me siento tranquila porque nosotros no hemos hecho nada indebido, ni lo hemos hecho de mala fe. La alcaldesa mandó un proyecto sin los requisitos posiblemente para que esto se diera y no fuera aprobado, para tener una distracción mientras le daban el 'pupitrazo' al proyectó de los 1.7 billones de pesos con los que van a endeudar a la ciudad con un proyecto de agua que no es viable".
Por su parte, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instó a los mandatarios departamentales a verificar la idoneidad de los contratistas que administrarán el Programa de Alimentación Escolar, Pae, en 2023 y evitar que se presenten los retrasos e irregularidades vividos durante 2022, que generaron al menos 245 denuncias ciudadanas y llevaron a la Procuraduría a abrir 80 actuaciones preventivas, 28 disciplinarias e interponer acciones de tutela contra las gobernaciones de Guaviare, Chocó y Sucre; las alcaldías de Cartagena, Neiva, Sincelejo y seis municipios de Boyacá.
Por otro lado, el concejo Distrital debe decidir si aprueban o no el proyecto de acuerdo 027 de 2022, que dará la solución del desabastecimiento del agua a la ciudad. Es importante mencionar que este proyecto al ser aprobado generará una deuda al Distrito de 30 años.
