El documento elaborado por la Procuraduría General de la Nación, llamado “La Guajira: pueblo wayúu, con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas”, condensa la problemática que vive hoy en día la población indígena más numerosa del país colombiano.
Según el órgano, en el 2012 fue cuando se conoció la situación grave de los casos de desnutrición infantil ocurridos específicamente en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Precisó que desde diciembre del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al estado colombiano a través de las medidas cautelares, preservar la vida e integridad de esa población vulnerable; así como las órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Riohacha, corporación que también amparó los derechos de esa población wayúu.
La Guajira tiene una situación de pobreza extrema que se ha agravado con la sequía de los últimos años. Además, posee altos índices de desnutrición infantil, morbilidad materna, poco acceso y baja calidad de los servicios de salud, violencia, desplazamiento forzado, escasez de agua y alta dispersión de la población.
En el departamento desde el 2014, fue declarada la calamidad pública y en enero de 2015, se prorrogó esta situación ante la afectación de la población indígena en el sector rural y urbano con la presencia del fenómeno de El Niño.
El Ministerio Público no desconoce que el Gobierno Nacional implantó proyectos para brindar específicamente soluciones de agua, salud y nutrición, entre otras, en la zona rural de La Guajira.
Por lo tanto, es un tema estructural que denota un problema social el cual requiere soluciones efectivas, contundentes, articuladas y sostenibles que garanticen efectivamente la protección de sus derechos fundamentales y de la familia a la que pertenecen y para que no se repitan hechos tan dolorosos como la muerte de los niños por desnutrición y sus causas asociadas.
Finalmente, se informó que la Corte Constitucional, con ocasión de una acción de tutela interpuesta por las autoridades tradicionales indígenas Shipia Wayúu contra el Instituto de Bienestar Familiar, solicitó a la Procuraduría un concepto sobre la situación de la niñez wayúu, que se rindió el 19 de mayo de 2016, que declarara el estado de cosa inconstitucional ante la traumática y crónica situación que viven sus habitantes de vulneración de derechos a la vida, a la salud, a una alimentación equilibrada y al acceso al agua potable, entre otros.
