En un comunicado, el ente de control destacó que la aprobación de la reforma no se basó en los estudios técnicos y recomendaciones de varios expertos.
La Procuraduría General advirtió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre los
riesgos financieros que enfrenta el régimen pensional en el futuro, tras la aprobación en el Senado del segundo debate de la reforma pensional.
“El Senado aprobó el texto de la reforma pensional con modificaciones, sin una discusión técnica y completa del articulado. Al votar en bloque algunos de ellos, no se atendieron los diferentes análisis poblacionales, demográficos, laborales, técnicos, económicos, fiscales, entre otros, realizados por la academia, expertos en pensiones, centros de estudios sociales, económicos y financieros (Anif, Fedesarrollo etc)”, indicó el oficio.
Además, la Procuraduría señaló que no se tuvieron en cuenta los análisis técnicos, jurídicos y financieros presentados por Asofondos, que buscan proteger los derechos de los afiliados, sus ahorros y la estabilidad financiera del sistema. También destacó la importancia de realizar cálculos actuariales y estudios de impacto fiscal en el proyecto de reforma pensional para garantizar su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, planteando esta necesidad en diversos entornos académicos.
“Tomando en cuenta para ello, entre otros factores, la creciente informalidad laboral y transición demográfica que permiten prever el aumento de la población adulta mayor, respecto de los aportantes al sistema”.
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En la misiva también le dijo a la ministra Ramírez, como lo señaló en sus declaraciones en el noticiero CM& hace unos días: “En 12 o 15 años, se necesitaría hacerle ajustes a la pensional”, al cuestionarle “¿Por qué no revisar los aspectos legales que se requieran en este momento para lograr una reforma acorde con las necesidades actuales y futuras del país?”.
“Los pilares solidarios y semicontributivo ya hacen parte de la legislación Colombiana; podrían modificarse a través de decretos y con cargo al Presupuesto General de la Nación”, por lo que hace necesario “proteger los recursos de los afiliados a los fondos privados y no utilizar sus ahorros para el pago del pilar solidario y semicontributivo contenidos en el proyecto, que, como se ha manifestado, ya existen legalmente”.
“Para aumentar la cuantía de las transferencias no se requiere ley, sino esfuerzo fiscal del Presupuesto General de la Nación. Reiteramos que estos 2 pilares no deben subsidiar con los aportes de los afiliados al Sistema General de Pensiones”, recalcó.
Conformación de un fondo público
La Procuraduría identifica como uno de los aspectos más delicados y serios de la reforma pensional la creación de un fondo público, utilizando los recursos de los cotizantes afiliados a las AFP, que serían transferidos a Colpensiones.
“La iniciativa inicial de la conformación de este Fondo es riesgosa, máxime cuando tenemos antecedentes históricos de los manejos administrativos que hacía el Gobierno de turno con el ISS, por lo que es grave para el país que este fondo estuviera a cargo de Colpensiones. En el debate se estableció que será el Banco de la República quien administre este fondo, lo cual es importante para asegurar la correcta disposición y destinación de los recursos de los ahorradores; no obstante, es necesario profundizar al respecto”, aseguró.
También insta a la ministra a revisar la fecha de entrada en vigencia de la reforma, programada para el 2025, ya que señala que Colpensiones carece de la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para su implementación. Advierte que se necesitarán al menos dos años para iniciar la implementación gradual del nuevo modelo propuesto, recordando el difícil proceso de traslado de afiliados del ISS a Colpensiones.
“Desencadenó en la declaración del estado de cosas inconstitucional, dada la vulneración de miles de derechos de afiliados, a través del desconocimiento de su historia laboral y la demora en las decisiones del reconocimiento de sus prestaciones económicas y atención a los derechos de petición".
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Colpensiones: congestión y retrasos
El informe, firmado por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal, revela que se emitió una alerta sobre la situación de Colpensiones desde el segundo semestre de 2023, durante el seguimiento realizado a la entidad. El panorama no es optimista.
“Se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas, que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, subrayó.
Detalló también que, “con el estado actual de la entidad y las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses, se genera una alerta ante la eventual implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones, que, ni siquiera con los planes de contingencia dispuestos en diciembre de 2023 para superar los atrasos, logró atender las prestaciones económicas de su actual población afiliada”.
“Se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas, que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, subrayó.
Detalló también que, “con el estado actual de la entidad y las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses, se genera una alerta ante la eventual implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones, que, ni siquiera con los planes de contingencia dispuestos en diciembre de 2023 para superar los atrasos, logró atender las prestaciones económicas de su actual población afiliada”.
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“La meta era llegar al 31 de diciembre de 2023 con 5.500 solicitudes vencidas, como lo señalan en el informe del 20 de octubre de 2023. Nos informaron que el total de trámites vencidos para el cierre de vigencia fue de 8.609 asuntos pendientes de gestión, con vencimiento de términos”, indicó.
En este sentido, Visbal afirmó que la entrada en vigor de la reforma impediría realizar las actualizaciones necesarias, dado que Colpensiones no está preparada para implementar el proyecto, careciendo de tecnología, capacidad administrativa y operativa.
Por último, instó a que el debate de la iniciativa en la Cámara de Representantes se realice de manera técnica, profesional y analítica, sin sesgos ni aprobaciones en bloque. Debe buscarse el consenso y contar con estudios actuariales, respetando en todo momento los ahorros de los afiliados.
