Hay que darle el beneficio de la duda al camaleónico Roy Barrera y creer que tenía razones de peso cuando pedía a los ministros que se quitaran la camisa de activistas y se pusieran la de ministros.
El travestismo no funcionará. El problema es que muchos de los ministros no tienen las competencias requeridas para ser exitosos en sus carteras, o teniéndolas, son incapaces de ponerlas a buen uso por sesgo ideológico. Es un problema grave porque algunos ocupan carteras claves para el buen funcionamiento del gobierno y el bienestar del país.
Uno de los casos más preocupantes es el del ministro de defensa, el señor Velásquez. Abogado de profesión que se dio a conocer en el país y el mundo por ser en algún momento la punta de lanza en la lucha contra la corrupción en el país. Sus actuaciones pasadas no han estado exentas de polémicas. Es entendible, en un gobierno que idolatra los símbolos, que el señor Petro pensara que colocarlo al frente del ministerio de defensa era un contundente mensaje contra los corruptos y delincuentes que forman parte de las fuerzas armadas y de policía. Se sobreentiende que le dio la tarea de depurarlas.
Realmente no le dieron un encargo de ministro sino uno de fiscal, que aparentemente es el único que sabe hacer. Pensaría uno que el ministro de defensa, sobre todo desde que está en cabeza de un civil, es quien lleva la vocería y maneja la interlocución política. Es quien asume responsabilidades políticas cuando las circunstancias lo demandan, como en el caso del bombardeo en Ecuador que dio de baja al terrorista Raúl Reyes. La labor del ministro es asegurar que los que saben del arte militar tengan todas las herramientas para defender la soberanía del país contra agresores externos y neutralizar los enemigos internos. En síntesis, mejorar la operatividad, eficiencia y efectividad para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Las actuaciones del señor Velásquez a la fecha demuestran que no entiende sus funciones. Todas las acciones hasta el momento atentan contra la operatividad de nuestras fuerzas armadas y de policía. La última de ellas, pedir la reducción del presupuesto de defensa y el tamaño del pie de fuerza. Esto mientras es evidente que el estado no ejerce soberanía plena ni tiene el monopolio de las armas en varias zonas del país. Da la sensación que el ministro está ensillando la bestia antes de comprarla y da por hecho el escenario improbable de la paz total.
En medio de la polémica creada por las declaraciones de José Félix Lafaurie y una caravana de ganaderos en Plato, las posiciones y declaraciones del ministro han sido desafortunadas y desapegadas a la ley.
Para comenzar el derecho a la legítima defensa es un derecho natural consagrado positivamente en la Constitución Política. Por tanto, ni el presidente ni ningún ministro tiene la autoridad para limitar este derecho. Si los ganaderos u otros quieren asociarse para defenderse, están en su derecho siempre que actúen dentro de la ley.
El problema radica en que la biblia del señor Velásquez es El Capital de Marx y no la Constitución y las leyes. Sus posiciones reflejan una posición ideológica y no una legal. Por mandato legal y simple lógica, el ministro ha debido darle una parte de tranquilidad a los dueños de fincas y garantizarles el pleno gozo de su propiedad privada. Pero no, tomó el lado de los violadores de la ley y amenazó ilegalmente a los que tienen todo el derecho a defenderse. Actitud que lleva implícita el reconocimiento de la incapacidad del estado o simplemente el deseo de prevaricar.
No sabemos cuándo el fiscal entienda que es ministro, pero mientras lo hace, es prudente recordarle que no hay nadie por encima de la ley.