Una lacra que pareciera no desterrarse

Editorial
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La corrupción, un flagelo arraigado en Honduras desde hace más de un siglo, sigue siendo una de las principales preocupaciones, junto con el desempleo y la pobreza que afectan a más del 60 % de los 9,3 millones de hondureños.

Pero la lacra de la corrupción, que le ha robado cientos de millones de lempiras, moneda nacional, a los hondureños, pareciera que nunca será desterrada por que los corruptos buscan las una y mil trampas legales para seguir en la inmunidad e impunidad.
Cuando en enero de 2016 el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, firmaron el convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Macchi, que depende del ente hemisférico, muchos creyeron que al fin habría alguien que frenara sustancialmente a los corruptos.
A casi cuatro años de que la Macchi, se instaló en Tegucigalpa, en abril de 2016, la corrupción sigue galopando en el país centroamericano y tiene, entre otros sectores que abogan por que se vaya del país, a diputados del Parlamento que han sido salpicados por denuncias de corrupción, que están siendo investigados.
A mediados de octubre, el Parlamento aprobó dos leyes, de las que una, para la oposición política y otros sectores, está propiciando la inmunidad e impunidad, para que los diputados que están siendo investigados se salven de ir a la cárcel en algún momento.
La ley que para muchos estaría favoreciendo la corrupción desde el poder legislativo, ha sido aprobada cuando restan pocas semanas para que se venza el convenio de creación de la Maccih, en enero de 2020, sin que hasta ahora se conozca si el Gobierno lo renovará.
La Maccih tiene dos problemas: está condicionada a lo que diga el fiscal general, sin poder tomar iniciativas para presentar requerimientos, y con la ley recién aprobada, ni la Misión, ni la Ufecicm Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, que depende del Ministerio Público, tienen sentido de existir.
En medio de la crisis política y social que Honduras vive desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, al entonces presidente, Manuel Zelaya, por promover reformas constitucionales que la ley no le permitía, que se agudizó por el fraude que la oposición aduce hubo en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, en las que fue reelegido Juan Orlando Hernández, la mayoría de los hondureños apuestan por la continuidad de la Maccoh en el país.
Así lo revelan varios sondeos y organizaciones de sociedad civil que consideran que el trabajo debe seguir, porque, aunque con pocos casos, ha puesto en evidencia a una clase política corrupta que desde hace muchos años ha vivido bajo el paraguas de la inmunidad e impunidad.
En una encuesta hecha en octubre en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, reveló que el 87 % de los hondureños cree que en su país hay mucha corrupción, y que este flagelo ha inundado todos los espacios de la vida política e institucional.
La imagen de los ciudadanos sobre las instituciones del Estado, los políticos y aún de las entidades de sociedad civil misma, es que están muy asociadas a la corrupción y son víctima fácil y cómplices de las prácticas del crimen organizado y el narcotráfico.
En Honduras la opinión generalizada es que, la corrupción, a lo largo de la historia del país, le ha robado a los hondureños millones de lempiras que se dejaron de invertir en educación, salud, arte, cultura, reducción de la pobreza y obras de infraestructura, entre otras obras de beneficio colectivo. Esa pobreza que afecta a más del 60 por ciento de los 9,3 millones de hondureños es visible en cualquier punto del país.

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