La incertidumbre sigue siendo la fiel compañera de viaje de Argentina. Desde que en 2018 el Gobierno se vio obligado a llamar de nuevo a la puerta del Fondo Monetario Internacional,FMI, los indicadores económicos, lejos de mejorar, no hacen sino enquistar la crisis y alejar la luz al final del túnel
Tras cerrar el año pasado con una inflación acumulada del 47,6 %, inédita en el último cuarto de siglo, en enero el índice de precios llegó al 49,3 % interanual y consolidó al país en el ‘top’ de naciones inflacionarias, al tiempo que el producto interior bruto, PIB, sigue a pique: entre enero y noviembre de 2018 cayó el 2,2 %. Con datos como estos, las alarmas se encienden no solo por el devenir del país, sino por los compromisos con el FMI, que estos días realiza la tercera revisión de las cuentas argentinas para decidir si da luz verde al cuarto desembolso de los 56.300 millones de dólares aprobados como préstamo.
Las estimaciones del FMI apuntan a que Argentina cerró 2018 con una contracción del 2,8 % -aún se desconocen los datos de diciembre- y prevé que en 2019 será del 1,7 %, para volver al crecimiento positivo en 2020 del 2,7 %.
Mientras, el Gobierno estimó en el Presupuesto Nacional una caída económica del 0,5 % y una inflación para 2019 del 23 %, con una cotización promedio del dólar de 40,10 pesos, cerró a 40,40. Cifras que no parecen sencillas de lograr, principalmente por la imposibilidad de frenar la escalada de precios y los vaivenes del tipo de cambio, contra los que se lucha con altas tasas de interés que ahogan la actividad económica.
El acuerdo del fondo se tiene que cumplir sí o sí, y el mercado cree que se va a cumplir, más allá de que pueda llegar algún ‘waiver’ (petición de “perdón” a cambio de una revisión del programa) en los próximos trimestres.
Con el crédito del FMI, el Gobierno quiere acelerar las reformas para erradicar el déficit que arrastra el país desde hace años, pero implica una fuerte intervención del organismo, que exige cumplir compromisos como el equilibrio fiscal -iguales gastos que ingresos- o la caída de la inflación.
En enero pasado se registró un superávit primario de 16.658 millones de pesos, 410,3 millones de dólares, es decir, un incremento interanual del 324 %. Pero conseguir el equilibrio al acabar 2019 tampoco será fácil. Y menos en un año marcado por la elección en octubre de un nuevo presidente, con unos mercados financieros expectantes por la definición del tablero político.
El riesgo país ronda los 700 puntos básicos, y el FMI ejerce de piedra angular ante la imposibilidad de atraer al mercado de deuda internacional. El origen de la crisis se remonta a abril de 2018, cuando factores como la subida de los tipos de interés de Estados Unidos y la consecuente fuga de capitales hacia ese país provocaron una abrupta devaluación de la siempre frágil moneda local en favor del dólar, lo que redundó en la aceleración de la inflación y en la caída del PIB tras varios trimestres subiendo.
En poco más de un año, la divisa estadounidense se ha apreciado un 116 % ante el peso, lo que lleva al Banco Central a reforzar un tipo de cambio flotante y solo intervenir en el mercado si sobrepasa unos límites. Tras cuatro meses de relativa estabilidad, a principios de febrero se inició otro ciclo de caídas del peso que hasta el momento no parece preocupar por el nivel -todavía dentro de la banda de no intervención- pero sí por la velocidad.
Para 2019 las necesidades de financiación están cubiertas. Mayores dudas hay para el año próximo, cuando la reducción del riesgo país será clave para tener más oportunidades de acceder a los mercados en condiciones ventajosas.
Si bien este no será un año de buenas noticias, a excepción de una previsible buena cosecha del campo que favorecerá un repunte del PIB, el Gobierno deberá centrar sus esfuerzos en controlar el dólar, el verdadero motor de las preocupaciones de un país que no termina de levantar cabeza.
