Sigue la intensa campaña de los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú para la firma de una petición para que la Corte Penal Internacional, Cpi, inicie una investigación sobre Venezuela y pueda volver ese país a la democracia.
La firma de la petición prevista para hoy, será sin duda el inicio de duro camino en busca de la democracia en donde todos los países deben participar activamente. El presidente de Colombia, Iván Duque, en su visita a las Onu, fue bastante explícito al exponer que mundo necesita imponer un cerco diplomático a Venezuela para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro.
El discurso presidencial, que algunos pueden interpretar como belicista, es un llamado a la comunidad internacional para que denuncie y aplique todas las sanciones que sean necesarias para lograr la transición en Venezuela y por ese motivo se abordó la crisis en Venezuela en una reunión bilateral que mantuvo Duque con el secretario general de la Onu, António Guterres, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Lo que ocurre en Venezuela es triste, porque es una dictadura que ha arruinado todas las libertades, que ha perseguido a todo un pueblo y que es la causante de esta crisis humanitaria y de esta grave crisis migratoria que afecta a nuestro país, en forma lamentable.
El tema de Venezuela se debe elevar al interés de la comunidad internacional tanto así que el Presidente de Colombia denunció la situación venezolana en su discurso ante los líderes mundiales. El mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura.
La crisis venezolana fue objeto ayer de tres reuniones internacionales en Nueva York, una de ellas impulsada por Colombia para abordar el éxodo de personas que han huido del país hacia otros Estados de la región y por esto los cinco países latinoamericanos se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la Onu, para sellar esa comunicación dirigida a la Fiscalía de la Cpi, para que analice posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La misiva de los cinco cancilleres esta acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Onu, en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. El otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Oea, Luis Almagro.
Ese grupo de expertos concluyó que existía un fundamento razonable para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la Cpi. Almagro ya remitió ese informe a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en mayo para pedirle que abriera una investigación.
