La evasión, en sentido estricto, constituye el incumplimiento de las normas tributarias, pero en sentido amplio también existen contribuyentes que, valiéndose de lagunas normativas o debilidades institucionales, logran reducir el pago de impuestos a través de la planificación tributaria o lo que es lo mismo, eludir sus responsabilidades fiscales.
El no pago de impuestos constituye una de las peores formas de ruptura del pacto social. La recaudación de impuestos es la fuente genuina de financiamiento del Estado. Es la forma en que la ciudadanía se compromete de manera solidaria a colaborar con la construcción de un país.
El combate a la evasión es el argumento que ha sido esgrimido por las autoridades económicas en los últimos años para no implementar las reformas necesarias que conduzcan a un sistema tributario que recaude más y con mayor equidad.
Sin embargo, no se han realizado los cambios institucionales necesarios para eliminar las mayores fuentes de evasión o elusión tributaria.
Las medidas implementadas, en general, afectan a los contribuyentes de menor relevancia, cuyo aporte marginal es mínimo y los costos administrativos de control altos; es decir, las medidas contribuyen a disminuir poco la evasión a un costo relativamente alto, con lo cual el costo-efectividad de ellas estaría en duda.
Los casos de lavado, la manipulación de los precios de transferencia, el fraude documental son solo algunas formas utilizadas para reducir el pago de impuestos.
La mayoría de los organismos internacionales que tienen operaciones en Colombia han alertado sobre estos mecanismos e incluso recomendado medidas exitosas en otros países.
En algunos casos se requieren mejores normas y sistemas de control que deben ser diseñados e implementados por las autoridades tributarias, o en su caso enviar propuestas de cambios legislativos al Parlamento.
En otros casos, la entidad responsable del Poder Ejecutivo debe enviar al Poder Judicial los casos para su tratamiento y penalización, con el propósito de dar señales inequívocas acerca del costo del incumplimiento y de que no se dará lugar a la impunidad.
Lastimosamente, ninguna de las instituciones con competencia en el tema ha sido ejemplar en sus acciones. El mejor indicador es la persistencia de altos niveles de evasión y elusión y de impunidad.
Colombia no saldrá nunca de su estado subdesarrollado si no cuenta con recursos suficientes para financiar las políticas públicas y si el mensaje que se les envía a los infractores de la ley es que su conducta no solo tiene costo cero, sino que además es altamente rentable. Los tres poderes del Estado tienen responsabilidad, cada uno de ellos debe hacer lo suyo.
