Sigue Venezuela inestable y cada día resquebrajándose en lo que queda de sus cimientos democráticos. Ahora la oposición convocó ayer a una nueva marcha mientras la Oea analiza llamar a los cancilleres del continente para tratar la crisis en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro amenaza con abandonar el organismo hemisférico, tras casi un mes de protestas que han dejado 26 muertos.
La coalición opositora llamó a movilizarse desde 26 puntos de Caracas para marchar hacia la sede de la Defensoría de Pueblo, en el centro de la ciudad, que amaneció custodiada por guardias nacionales con equipos antimotines, lo que sin duda hace temer por la seguridad de los marchantes que con valor protestan por el terrible gobierno y la situación social y económica de Venezuela.
Varios puntos del centro de la capital también fueron tomados por los cuerpos de seguridad como parte de los preparativos para la marcha que realizarán oficialistas hacia la sede del palacio de gobierno, siendo esta otra expresión masiva de rechazo que esperamos no desemboque trágicamente.
Mientras se desarrollan las protestas, el Consejo Permanente de la Oea se reunió en Washington para considerar un pedido de convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio para analizar la crisis venezolana. Caracas rechazó de antemano la convocatoria y advirtió que, de concretarse el encuentro de cancilleres sin su aval, iniciaría el proceso de retiro de la organización.
Para Venezuela, afirman algunos, es inviable salir de la Oea debido a que muchos de los derechos fundamentales contemplados en la carta del organismo forman parte del derecho interno, con rango constitucional y desacatarlos implicaría un fraude constitucional. La salida de Venezuela del organismo solo podría darse en dos años e implicaría un aislamiento total de la comunidad internacional con implicaciones políticas, estratégicas y económicas, situación que debe pensarse mucho ya que ese aislamiento puede generar más abusos del gobierno contra los venezolanos, que no aguantan esta bomba de tiempo del país hermano.
La oposición ha intentado en seis oportunidades este mes marchar hacia la Defensoría del Pueblo para exigirle que inicie el proceso de destitución de un grupo de magistrados del Tribunal Supremo que emitieron dos sentencias contra la Asamblea Nacional que desataron la actual crisis, pero los cuerpos de seguridad le han bloqueado el paso y han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, como lo ilustran las fotografías y los contenidos noticiosos de los principales periódicos del mundo.
La oposición no se rinde; sus dirigentes, entre ellos, Henrique Capriles ratificaron que la oposición continuará las protestas hasta que el gobierno permita la realización de elecciones generales, abra un canal humanitario para alimentos y medicinas, libere a los presos políticos y respete al Congreso, siendo apoyado en masa por las marchas que recorren las principales de Caracas.
Los opositores del gobierno nacional saben que deben tener una solución constitucional, y a pesar de ser tildados por el gobierno de Maduro de promover un golpe de Estado. La respuesta a estas afirmaciones la dio el mismo dirigente que reiteró que Maduro dio un autogolpe con las sentencias que emitió el máximo tribunal contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y planteó que ningún país democrático puede hacerse permisivo ante la situación que enfrenta el país sudamericano.
Hay, ahora, un nueva ronda diplomática; el 2 de mayo se realizará en San Salvador una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, en la que Caracas denunciará la violencia opositora generada durante las protestas de las últimas semanas, a este respecto no hay esperanzas de avanzar ya que el organismo es fuertemente controlado por el gobierno venezolano.
Las crecientes tensiones políticas han desatado un espiral de violencia que ha dejado 26 muertos y 437 heridos. Ante la compleja situación la Onu, la Oea y varios países de la región han urgido a Caracas a que cree condiciones para enfrentar la crisis que ha generado durante las protestas el arresto de 1.289 personas de las cuales 65 permanecen detenidas y otras 217 serán presentadas ante los tribunales.
Las acciones de las autoridades venezolanas han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional que denunció que en Venezuela se utiliza el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente.
