El máximo responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas observará de cerca cómo operan los tribunales de paz especiales establecidos en el acuerdo de paz de Colombia, para asegurar que quienes cometieron crímenes de guerra durante el largo conflicto sean procesados.
Los colombianos irán a las urnas mañana domingo para decidir si se ratifica o se rechaza el acuerdo de paz firmado esta semana entre el Gobierno y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, el movimiento rebelde más grande del país.
Una de las partes más controvertidas del acuerdo de 297 páginas libraría de prisión a líderes rebeldes y funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos si confiesan sus crímenes. Los tribunales especiales determinarán castigos alternativos como trabajo de reparación en áreas fuertemente afectadas por el conflicto, aunque se supone que las sanciones incluirán algún tipo de restricciones efectivas de libertad que no han sido especificadas. Los fallos de estas cortes se apartan de estándares internacionales para el castigo de abusos graves.
No está claro todavía cuánta responsabilidad aplicará en la práctica las cortes. Es un aspecto del acuerdo que como muchos otros, se analizarán muy de cerca cuando se implementen.
Aunque Colombia ha avanzado en algunas áreas respecto a los derechos humanos, en otras no hubo casi ninguno, y como ejemplo está el Chocó donde la pobreza, deja perpleja a la gente que lo visita.
Es increíble que un país como Colombia pueda tener áreas rurales donde la gente vive en los niveles más básicos de subsistencia. Las estadísticas señalan que 68% de los residentes de Chocó viven en la pobreza. Es increíble que un país con un enorme potencial, necesita en forma urgente superar las sujeciones del pasado.
Se espera que el acuerdo de paz sea una oportunidad para atender asuntos sociales y de desigualdad abandonados durante años. Realmente no hay excusa para que una nación sofisticada de ingresos medios como Colombia esté produciendo estas enormes disparidades en indicadores sociales y económicos entre áreas urbanas y rurales.
Las Farc y algunos otros grupos armados estuvieron nutridos por el desencanto y el enojo sobre las carencias en áreas rurales, y es por ello esencial que el Gobierno invierta importantes recursos humanos y financieros para evitar que se repita la historia.
Para monitorear más de cerca el acuerdo, se hace necesario renovar el mandato de la agencia en Colombia, que expira en octubre. Su operación local se estableció en 1997 y, gracias a sus oficinas de campo en toda Colombia, es considerada una de las fuentes más fiables de información sobre derechos humanos en el país.
