Los acuerdos de cese del fuego bilateral, desmovilización de guerrilleros y entrega de armas, suscritos en La Habana por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, no solo fueron calificados de históricos por la prensa local, expertos y ciudadanos del común, sino que parecen ser el principio del fin de un conflicto armado, que ha dejado cientos de miles de muertos, y millones de víctimas y desplazados en medio siglo de guerra.
De la agenda de negociación, igualmente, quedarían por acordar o aclarar con mayor precisión temas como el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc, la desmovilización y reintegración a la vida civil de varios miles de combatientes, el regreso a la civilidad de los menores de edad, las zonas donde serán ubicados los rebeldes tras su desmovilización, los llamados “territorios de paz” o los sitios del país donde vivirán los insurgentes y la conformación del Tribunal para la Paz.
Lo más complejo ahora se escapa de la capacidad negociadora de las partes y constituye un reto para el Estado colombiano: garantizar la seguridad de los rebeldes una vez dejen las armas.
En el tema de la justicia transicional falta un punto que, aunque no es preocupante, sí es muy importante: quién y cómo van a elegir a los magistrados de la jurisdicción para la paz. Hasta ahora no lo han anunciado, pero ese tema es ‘gordotote’. En septiembre del año pasado quedó establecido que ni el Gobierno ni las Farc podrán postular candidatos para conformar el tribunal. El tribunal, que entrará a operar apenas se firme la paz, quedará por encima de todos los estamentos judiciales del país, como las altas cortes y la Fiscalía, y podrá conocer de cualquier caso relacionado con el conflicto armado.
También habrá que ver qué pasará a futuro con los mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz. Santos siempre ha dicho que será el pueblo colombiano en las urnas el que tendrá la última palabra sobre lo que se pacte en La Habana. Actualmente, el tema es estudiado por la Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia en asuntos de la Carta. El mencionado tribunal tiene la potestad de decir si la ley que se aprobó en el Congreso para el plebiscito se ajustó o no a la Constitución. Si la declara inexequible no habrá plebiscito. Santos le ha pedido a la Corte constantemente que les permita a los colombianos pronunciarse en las urnas sobre el tema. Las Farc dijeron el jueves que cualquiera sea acatarán el fallo de la Corte.
Pero los votos que necesitaría el plebiscito son mínimos y eso le restaría legitimidad a una eventual votación. Para que sea aprobado necesitará al menos el 13% del total del censo electoral, que en octubre de 2015 era de 34 millones de votantes. Es decir, necesitaría un poco más de 4,4 millones de sufragios. Pero tal vez el reto más difícil que le queda al país es erradicar las divisiones que han dejado décadas de guerra.
Finalmente, en el camino de la paz definitiva para Colombia aún queda por resolver la paz con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, que a finales de marzo inició una negociación formal con el Gobierno, y el problema de las bandas narco-paramilitares, bandas criminales que surgieron hace unos 10 años tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.
