El presidente colombiano Juan Manuel Santos por fin se decidió 'tomar cartas' en el gravísimo problema de segregación y genocidio que lleva a cabo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra los colombianos que viven en los límites fronterizos.
Santos decidió llamar a consultas a nuestro embajador en Venezuela, en vista del fracasado diálogo entre las cancilleres de ambos países. Esta decisión que fue replicada por su par venezolano Nicolás Maduro, quien también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, incrementó así las tensiones diplomáticas que vienen enfrentando a los dos países tras la decisión que tomó Caracas hace una semana de cerrar los pasos fronterizos con nuestro país.
En este problema se han visto toda clase de atropellos contra la dignidad humana de los colombianos. No solamente no dejaron entrar al Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, a San Antonio del Táchira, Venezuela, para constatar la situación humanitaria de los colombianos al otro lado de la frontera, sino también han prohibido cualquier posibilidad de diálogo con las autoridades que representan los organismo humanitarios. Los guardas venezolanos están cumpliendo al pie de la letra las desatinadas órdenes de Maduro.
La actitud por parte del gobierno de Venezuela es poco amigable y demuestra a la claras que piensan extender el conflicto y seguir en su camino del éxodo de colombianos.
Además del llamado a consultas del embajador colombiano en Venezuela, Colombia les pidió a la OEA y a la Unasur convocar a reuniones extraordinarias para que, los países del continente tengan claro lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. No sabemos si Unasur, dirigida por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ponga todo su interés a este problema, ya que es sabido que ese organismo es financiado por el gobierno venezolano.
Este tema ha llegado a donde tenía que llegar. La canciller venezolana indicó que revisarán integralmente las relaciones con Colombia ante las agresiones que sufren los venezolanos por el paramilitarismo y la guerra económica, que solamente existen en la mente de Maduro, para crear humo en medio de la crisis social y económica que viven los venezolanos. Pero estro no tendrá mucha importancia y tampoco será determinante para acabar con este problema, ya que la Canciller colombiana afirmo ayer que es impensable que se rompan las relaciones con Venezuela.
Mientras tanto la Defensoría del Pueblo informó que ha recibido 451 quejas siendo el desalojo de vivienda el tema común entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar con 113 casos, el maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas con 115 hechos reportados; la destrucción de viviendas, con 52 declaraciones; el despojo de pertenencias durante los desalojos, con 41 quejas, y la retención de documentos. Nada más y nada menos. Tenemos y debemos a reclamar para hacer respetar nuestros derechos.
Aunque unos cinco millones de colombianos viven en Venezuela, la ofensiva de seguridad se ha enfocado en algunos poblados cercanos a la frontera, porque según Maduro en dichas poblaciones la escasez generalizada y la delincuencia rampante se deben a bandas de inmigrantes. No se acuerda de su mal manejo de las finanzas públicas y de sus desastrosas decisiones.
El cierre de los pasos fronterizos en Táchira está generando pérdidas millonarias a empresas y comercios que operan en la región y se teme que, de persistir el cierre, la situación económica se agrave. Cerca de 80% de los trabajadores de las empresas venezolanas de la frontera son colombianos y al impedirse el tránsito hacia Venezuela la mayoría de las industrias y comercios se han quedado sin empleados.
A ello se suma el hecho de que cerca de 20.000 venezolanos que habitan en las localidades fronterizas laboran en Colombia y desde que se cerró la frontera no han podido llegar a sus trabajos, lo que ha puesto en riesgo su estabilidad laboral y económica. Se estima que el cierre de los pasos fronterizos está generando pérdidas millonarias a las más de 4.000 compañías, industrias y comercios de la zona. Todo esto tendrá que esperar mientras las consultas a los embajadores rinde sus efectos.
