Acusan al constructor del contrato Tunjuelo-Canoas presuntas irregularidades

La desmovilización de estas cuatro personas se suma a la de otros 12 disidentes que se entregaron la semana pasada en esa misma localidad.

Judiciales - Nacional
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Las investigaciones dan cuenta que el consorcio habría dado mal uso a los dineros que recibió como anticipo y, al parecer, destinó parte de ellos para el pago de dádivas.

Ante un juez de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, por las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, cuyo valor inicial fue fijado en 243 mil millones de pesos.

El convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la Empresa de Acueducto de Bogotá y el Consorcio Canoas, del cual era representante legal Solarte Solarte quien, según el material recopilado, habría conocido anticipadamente la información sobre los términos de la licitación, de tal manera que buscó socios y organizó una propuesta para supuestamente ser beneficiado en la adjudicación.

Tras la firma del contrato fue autorizado el desembolso de un anticipo por valor de 48 mil millones de pesos. Parte de ese dinero supuestamente fue desviado y trasferido a una corredora de bolsa, situación que para la Fiscalía representó riesgo para los recursos públicos y limitó la acción de la interventoría del proyecto y la Contraloría Distrital.

En las investigaciones se estableció que 5.160 millones de pesos que hacían parte del anticipo, al parecer, fueron destinados al pago de dádivas. En el expediente hay evidencias de la entrega de cerca de mil millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y de otros porcentajes a funcionarios de la entonces administración distrital para que favorecieran al Consorcio Canoas en la adjudicación del contrato.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, Solarte Solarte habría lesionado las finanzas de la administración pública al conocer información privilegiada de la licitación, manipuló decisiones de funcionarios que tenían a su cargo el proceso de adjudicación y firma del contrato 1115 de 2009, y vulneró los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y economía, inquebrantables en materia de contratación pública.

La mencionada obra estaba incluida en el plan maestro de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Eaab, para la descontaminación del Río Bogotá y contemplaba la construcción de un túnel para canalizar las aguas negras desde el Río Tunjuelo hasta la futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha en Cundinamarca, para luego devolver las aguas limpias a la cuenca del Río Bogotá.

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