Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
El presente Gobierno de izquierda no solo no ha satisfecho las expectativas programáticas, sino que, además, ha sentado un precedente maligno en materia democrática e institucional, como hemos podido atestiguar durante los últimos meses. La elección de Gustavo Petro fue un experimento al que Colombia se había negado durante décadas de lucha contra la insurgencia criminal de las guerrillas, y ante el que finalmente sucumbió a partir de una serie de eventos infortunados cuyo encadenamiento fue decidido por la pandemia de coronavirus y sus múltiples efectos sociales, que desnudaron como nunca antes en la historia nacional reciente las desigualdades que padecemos. Estas, más pronto que tarde, deberán ser corregidas por la genuina vía del consenso y del trabajo.
Opinadores varios que en alguna vez respeté, se muestran hoy como lo que son: unos sofistas a sueldo del Gobierno que defienden con distracciones, por ejemplo, la tesis de que la Corte Suprema de Justicia tiene que elegir, pero ya, a un fiscal general de la nación de entre la terna presentada por el presidente Petro, para, supuestamente, garantizar que una vez se vaya Francisco Barbosa no quede encargada del ente acusador una vicefiscal a la que señalan de haber cometido delitos. No obstante, la verdadera razón de la indebida e inaceptable presión al órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria es otra, y todos la sabemos: la actual Fiscalía no le conviene al hijo del presidente, quien no ha podido librarse de tener que dar explicaciones judiciales de sus conductas.
Ha habido otros periodistas, más reales que los anteriores, que, a pesar de haber simpatizado con el primer mandatario en tiempos recientes, no han tenido reparo en apuntarle con el dedo a la cara a ese que es el responsable de que esto marche. Es el caso de María Jimena Duzán, a la que dos columnas de opinión le han alcanzado y sobrado para exigirle al presidente de la República que, primero, confiese si está enfermo de drogadicción o no (como mamarrachos varios de su Gobierno); y, segundo, que por fin se disponga a gobernar, a ver si deja de esconderse de tamaña responsabilidad, para la que fue elegido, en una secretaria abusiva devenida en estadista en la oscuridad, que cree que puede hacer y deshacer sin rendir cuentas a nadie. Ya veremos.
En los dos años y medio que, a partir de hoy, le quedan a este Gobierno, el país debe radicalizar sus posturas legalistas frente al pretendido abuso de funciones públicas. De otra manera, tal y como lo ha venido anunciando el propio Petro, podríamos esperar que en 2026 él se agencie otros cuatro años en el poder, o, por qué no, que llegue alguien todavía peor de entre sus copartidarios. Nada es imposible, como no lo fue en 2022; por lo que, dicho sea de paso, más vale que la oposición se organice y designe con tiempo a un candidato único, con la suficiente fuerza electoral para derrotar al petrismo y sus mutaciones, y se logre así que Colombia purifique este aire caótico, pesimista, sombrío, que las calles respiran. Ni siquiera hace unos tres años, cuando había cientos de muertos al día por el virus, era tan palpable el desánimo del grueso de la gente por su futuro y su tranquilidad.