Un grupo de 20 exfuncionarios de diversos gobiernos manifestó su inquietud por un posible proyecto de ley elaborado sin la participación de todos los involucrados en el sistema.
Un grupo de 20 exministros y exviceministros de Salud ha emitido una carta en respuesta al anuncio de seis entidades promotoras de salud (EPS) que se muestran dispuestas a transformarse en gestoras de salud y vida, según el modelo de salud propuesto por el Gobierno.
En relación a este tema, los exfuncionarios afirmaron que siempre han manifestado su disposición a buscar consensos a través de un verdadero diálogo democrático, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Además, señalaron que los acuerdos anunciados se han alcanzado en conversaciones consideradas como excluyentes y segmentadas.
En consecuencia, el grupo multidisciplinario de profesionales expresó la necesidad de establecer un plan con metas y objetivos específicos, junto con recursos bien definidos. Asimismo, destacaron la importancia de reconocer los avances logrados en el disfrute efectivo del derecho a la salud y asegurar que estos logros se protejan para evitar cualquier retroceso.
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“Precisa de establecer los recursos financieros suficientes para hacer sostenibles las transformaciones. Pide una transición acertada en la cual se determine la protección y continuidad de los tratamientos e intervenciones para usuarios y pacientes”, agregaron.
Por otro lado, indicaron que la reforma que fue rechazada en el Senado no cumplía con los requisitos mínimos constitucionales. Por lo tanto, advirtieron que retomar un proyecto similar no representaría un avance en la búsqueda de consensos necesarios para los cambios requeridos en el sistema de salud.
“No vemos que el Gobierno Nacional haya atendido los múltiples llamados que se han hecho por parte de todos los agentes del sistema, para solucionar la desfinanciación estructural que enfrenta el sector”, indicaron los exfuncionarios.
Finalmente, instaron a establecer una amplia mesa de concertación nacional en la que participen el gobierno, el Congreso de la República y los actores relevantes del sector, incluyendo usuarios, pacientes, académicos, aseguradores, prestadores y proveedores de insumos y medicamentos.
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