Los 9.2 billones de pesos, asignados al sector agropecuario para la vigencia fiscal de 2024, ha sido el presupuesto más alto que un mandatario haya destinado al ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en toda su historia.
Desafortunadamente, la jefe de la cartera agropecuaria, no tuvo en cuenta en la distribución de esos recursos, los dolores que más de 2.7 millones de productores del campo, le notificaron al Estado, en el pasado Censo Nacional Agropecuario. Más del 80% de los encuestados, dijeron que no tienen acceso al crédito bancario ni a los incentivos de Finagro; que no acceden a las semillas de Agrosavia; no reciben asistencia técnica ni capacitación de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR; no han logrado que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- les ayude a formalizar sus títulos de propiedad; que no cuentan con el apoyo del ICA en el control de las plagas y enfermedades y no cuentan con distritos de riego para sus cultivos, porque el ministerio de Agricultura, no fomenta la construcción de reservorios, presas ni canales de riego.
Cuando revisé en que se van a gastar esos $ 9,2 billones, encontré que destinaron $1,2 billones, en gastos de funcionamiento (nómina, viáticos, adecuación de oficinas, vehículos, etc., ) y $ 8 billones en inversión, de los cuales el 62% fueron destinados para compra de tierras y el 38% restante, a subsidios, incentivos, estudios y apoyos directos a comunidades étnicas y población víctima de la guerra entre el gobierno y los grupos armados al margen de la ley.
Como pueden ver, es un presupuesto que parece más del ministerio del Interior que del ministerio de Agricultura. Además de lo anterior, encontré que, a corte de 24 de abril de 2024, solo habían comprometido el 21,6% de los recursos y ejecutado el 3,9%. El informe de la Contraloría General de la República, dice que apenas han ejecutado el 2,6%, de un 26% que debería estar ejecutado. Grave el asunto. Con esta desenfocada distribución y baja ejecución de los recursos, se pierden todas las esperanzas de sacar del atraso, ineficiencia y pobreza, a una población rural de más de tres millones de personas, y se desperdicia una gran oportunidad de impulsar un millón de nuevas hectáreas agrícolas en zonas como la Altillanura, Urabá, Pacífico, Magdalena Medio, Catatumbo y el sur de los departamentos de la Región Caribe.
Respecto a la Reforma Agraria, lo lógico, práctico y sencillo, es adjudicarle los predios de la Nación que hoy están consignados en el Fondo de Tierras, administrado por la ANT, a asociaciones de productores integrados a un núcleo agroindustrial, previa capacitación en el Sena, con un proyecto productivo, paquete tecnológico y financiación. La compra de tierras, debe ser para los agricultores que hoy explotan más de dos millones de hectáreas en predios arrendados. El resto de los recursos, deben destinarse a la construcción de canales y sistemas de riego, vías rurales, biotecnología, incentivos a la mecanización de cultivos e infraestructura de transformación, subvenciones a tasas de interés y coberturas de riesgos, programas de capacitación, formación y emprendimiento rural. Déjense ayudar que eso no duele.