El contrato de Alianza Pública Privada APP-001-2023 que por más de $2.7 billones suscribió la Gobernación del Magdalena con el concesionario Ruta Magdalena
Sierra Mar S.A.S., ha resultado no solo llamativo por el intento de los gobiernos del “cambio” que este pase inadvertido ante el escrutinio público, sino porque al revisar los antecedentes de selección de esta propuesta, las cincuenta sombras que la rodean se hacen más oscuras. El gobierno anterior debe explicar no solo por qué optó por la modalidad de APP para contratar la solución para el corredor Tasajera-Palermo a pesar de contar con un flujo de caja -recaudo de peaje-, suficiente para hacerlo mediante obra pública, sino además, por qué el proceso de evaluación técnica que justificó su aceptación, contrasta con los resultados de la evaluación de una propuesta anterior denominada IP Santa Marta-Ciénaga-Santa Marta, presentada en 2015, año en que también inició el proceso de revisión de la APP contratada (APP 001-2023).
El contrato APP-001-2023, planteó la construcción de obras por un costo de $892.175.033.867, de los cuales $506.670.315.164 corresponden a la ampliación del tramo Tasajera-Palermo (45km). Sin cuestionar estos costos -que no estuvieron sometidos a la competencia-, con un recaudo anual de peaje estimado en $200.000 millones para el 2024 y una tasa de interés competitiva, el Departamento pudo haber pignorado estos recursos ante la banca privada para contratar la obra, y en máximo seis años, haber saldado el crédito. La garantía que da el concesionario son los peajes, esta es la misma garantía que daría el Departamento. De ahí que no se entienda por qué en lugar de obra pública -mecanismo más expedito y menos costoso-, el gobierno anterior, contrata una APP que compromete estos recursos durante 30 años, negándole al Departamento la oportunidad de disponer de estos para financiar nueva infraestructura vial que tanto se necesita. Ahora bien, si para el Departamento el objetivo principal es la construcción de la doble calzada del tramo Tasajera-Palermo, cómo se justifican más de $300.000 millones adicionales en obras de bajo impacto para este.
Pocos sabían que previo a la propuesta APP-001-2023, fue presentada una propuesta denominada IP Santa Marta-Ciénaga-Santa Marta, la cual planteó entre sus alcances además de la construcción de la doble calzada del tramo Peaje Palermo-Ye de Ciénaga (45km), la construcción de dobles calzadas para los tramos Quebrada del Doctor-Mamatoco (37,6km), Mamatoco-Puerto(7,7km) y el paso por Ciénaga (en este momento lo ejecuta la Nación). Esta propuesta fue revisada y evaluada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el marco del convenio Interadministrativo de Cooperación N° 001/2015, cuyo propósito era “Aunar esfuerzos mediante los mecanismos y actividades necesarias para la revisión y evaluación en las etapas de prefactibilidad y de factibilidad según consagran en el artículo 24 del decreto 1467 de 2012 de los proyectos de APP presentados a la Gobernación del Magdalena sobre el corredor Barranquilla-Santa Marta”.
Resultado de su evaluación, la ANI recomendó a la Gobernación del Magdalena, rechazar la propuesta en mención. Como principal razón la ANI expuso que “[…] este corredor (Ciénaga-Barranquilla) se encuentra en una zona muy sensible que cuenta con grandes restricciones para la construcción de obras civiles. […]Teniendo en cuenta estas connotaciones ambientales que pesan sobre este corredor, no se encuentra en este proyecto de Iniciativa Privada soluciones que permitan sobrepasar estos obstáculos ambientales, más aún cuando las obras propuestas para la segunda calzada (ampliación del terraplén) generan grandes impactos ambientales”.
A partir de este proceso de revisión y evaluación, surgen dos preguntas frente al proceso de evaluación empleado para la APP-001-2023: ¿por qué en lugar de apoyarse en la ANI –máxima autoridad nacional en infraestructura-, el gobierno anterior contrató a la empresa Gestión Estratégica Colombia S.A.S., para realizar la “[…] revisión y evaluación de la etapa de factibilidad del proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada, Ruta Magdalena Sierra Mar” por valor de $2.542.845.300. Y en se orden, ¿cómo en la evaluación de esta empresa fueron sobrepasados los obstáculos ambientales que motivaron a la ANI a recomendar el rechazo de la propuesta anterior?
¿Será que la estupidez se volvió peste en Santa Marta y no hay quién levante la voz ante este descalabro?