El Ingreso Básico Universal (IBU) ha sido centro de intensos debates económicos, impulsado por preocupaciones sobre la creciente desigualdad y cambios en el mercado laboral. Consiste en un pago regular e incondicional a todos los ciudadanos, para responder a desafíos como la automatización, la globalización y la inteligencia artificial.
Entre sus proponentes argumentan que un ingreso garantizado es crucial para abordar la pérdida de empleos. Uno de ellos, Martin Luther King Jr., en su lucha por la justicia social, abogó por él como medio para erradicar la pobreza, viéndolo como un pilar para alcanzar una sociedad más equitativa.
Sus defensores sostienen que su implementación tendría un propósito multifacético en el mundo moderno. No solo se concibe como un mecanismo para proteger a las personas de la incertidumbre económica y la volatilidad del empleo, sino también como una forma de dignificar la vida humana, al asegurar que todas las personas tengan acceso a un nivel de vida básico, independientemente de su situación laboral. Esto, argumentan, es especialmente pertinente en una era donde existen reales amenazas de reconfigurar el panorama laboral de manera drástica.
En este contexto, el IBU se presenta como un escudo protector, no solo para los desempleados, sino también para aquellos cuyos empleos no ofrecen una remuneración suficiente para vivir dignamente. De este modo, se convierte en un instrumento de equidad, al reducir las disparidades y ofrecer a todos una plataforma desde la cual puedan perseguir sus aspiraciones y contribuir de manera significativa a la sociedad.
De hecho, la visión de Juan Luis Vives, un filósofo y humanista del siglo XVI, resuena con sorprendente actualidad ya que abogaba por la idea de que la sociedad tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar de todos sus miembros, incluidos los más vulnerables. En su enfoque del IBU sostenía que no es solo una medida económica, sino un reflejo de la solidaridad humana, un compromiso colectivo con el mínimo vital y el bienestar de cada individuo. Por eso, considero que más allá de sus implicaciones económicas, este ingreso representa una visión de sociedad donde la seguridad y la dignidad son derechos inalienables de todos los seres humanos.
Ahora bien, sus detractores presentan una serie de argumentos enfocados en las preocupaciones económicas, sociales y éticas como la sostenibilidad financiera, desincentivo al Trabajo, afectación a la inflación, impacto en el mercado laboral, inequidad e injusticia.
Mientras tanto, en Colombia, donde nos carcome la corrupción y que aunque pertenece al club de los países ricos, sigue siendo un país tercer mundista y pobre que no le da vergüenza después de derrochar millones de pesos en cosas inútiles pensar en pedir ayuda a la comunidad internacional para apagar un incendio; la implementación requeriría una cuidadosa planificación, un marco legal y financiero sin comprometer la estabilidad fiscal. Esto podría implicar un frente fuerte contra la corrupción y la reforma de sistemas tributarios para asegurar una distribución más equitativa de la riqueza y la exploración de fuentes de financiamiento sin tocar el modelo económico.
Adicionalmente, la infraestructura tecnológica y administrativa debería ser fortalecida para garantizar una distribución eficiente y transparente del ingreso. Esto incluiría la creación de sistemas de identificación y bancarización para llegar a poblaciones históricamente excluidas. Igualmente, es fundamental generar un consenso político y social amplio requeriendo no solo el apoyo de múltiples sectores políticos sino también una comprensión clara por parte de la población sobre los beneficios y desafíos de esta política. Campañas de sensibilización y educación serían cruciales para mitigar prejuicios y resaltar su potencial para fortalecer la cohesión social y el desarrollo económico.
Para concluir, el IBU en Colombia, por tanto, se vislumbraría no solo como una estrategia de asistencia social, sino como una inversión en el capital humano y un reconocimiento de la responsabilidad colectiva hacia el bienestar de todos. Veo su adopción no solo como un paso hacia la mitigación de estas problemáticas sino también un compromiso firme con la dignidad humana.