Según las cifras del Dane, en el 2023, la mayoría de alcaldes de la región Caribe y el Pacífico, dejaron sus ciudades y municipios con los peores indicadores de pobreza, desempleo, inseguridad y costos de vida.
Las estadísticas revelaron que las ciudades de Valledupar, Santa Marta, Montería, Barranquilla y Cartagena, tuvieron la inflación más altas del país. En materia de pobreza monetaria, el exalcalde de Sincelejo, dejó su ciudad en el deshonroso segundo lugar con el 49,5%, después de Quibdó (62,3%), seguidos por los exalcaldes de Riohacha (48,8%) y Valledupar (48,5%). También encabezaron la lista de las ciudades con mayor tasa de desempleo en el país. Ni que hablar de los penosos resultados de gestión en materia de seguridad ciudadana, movilidad e informalidad. Duele decirlo, pero cada vez que el Dane revela una estadística de impacto social o económico, las ciudades y municipios de la región Caribe, ocupan los primeros lugares del podio.
Obviamente, estas son las consecuencias que traen la mala escogencia de alcaldes, la ausencia de un instrumento que permita la orientación y acompañamiento del DNP, en los Planes de Desarrollo Municipales y la destinación específica de un porcentaje de las regalías en proyectos de inversión productiva. En la región Caribe, por ejemplo, la inmensa mayoría de los municipios no cuentan con una represa que garantice el acceso al agua potable y para riego de cultivos; no cuentan con un centro de transferencia de tecnologías ni formación empresarial; no poseen un fondo público para fomentar la producción de alimentos, el desarrollo turístico y las pequeñas empresas. Ni siquiera cuentan con plazas de mercado para distribuir alimentos a las ciudades capitales ni centros turísticos dotados de buenos hoteles y restaurantes. Sus presupuestos son invertidos en elefantes blancos que terminan abandonados o poco utilizados en el año. Municipio que se respete en la región Caribe, tiene una gigantesca tarima para conciertos, un polideportivo sin preparadores físicos y un mega colegio, sin equipos tecnológicos, internet ni profesores idóneos. El resto del presupuesto se lo gastan en repavimentación de calles y avenidas, poco transitadas.
Claramente, el responsable de esta procesión de gobernantes ineficaces, es el régimen político que instauró la elección popular de alcaldes y gobernadores, sin cumplimiento de algunos requisitos mínimos de estudios profesionales, experiencia ni ética profesional, para aspirar y ocupar esos cargos. Si hacemos un balance del comportamiento económico y social, en los últimos 20 años, en los 194 municipios de la región Caribe, seguramente encontraremos un atraso enorme frente a las demás regiones del país. El modelo de contratación pública con vigencias futuras, terminó de corromper las administraciones municipales, cuyos presupuestos quedan comprometidos por muchos en concesiones otorgadas a testaferros. Es el “concierto para delinquir” mejor montado en el país. Es un sistema de corrupción pública con blindaje cinco ante cualquier denuncia ciudadana e investigación por parte de los órganos de control y de justicia.
Si no modificamos este perverso régimen de elección popular de alcaldes y gobernadores, será muy difícil acabar con esta ineficiente y corrupta administración pública, ni sacar de la pobreza a más de 5 millones de costeños. Muerto el perro, se acaba la rabia.