El Defensor del Pueblo en un balance de la política de Paz Total en el 2023 dijo una verdad incuestionable: “Aquí los únicos que estén honrando el cese al fuego han sido nuestras Fuerzas Armadas. Los grupos armados ilegales han deshonrado esa generosidad del gobierno Nacional”.
Es el diagnóstico que el “gobierno del cambio” y los embelesados por la paz se han negado a aceptar, a pesar de las evidencias que los supuestos fines políticos han desaparecido en medio de las disputas por los réditos del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, y hasta los del lucro que procura ya la migración desenfrenada. Las masacres, los asesinatos y la tipificación de todos los demás delitos han obedecido a la lucha sin cuartel por el predominio de sus fuentes de financiación, del control territorial y de sus indefensas poblaciones, que Eln, el Emc y el Clan del Golfo han venido consolidando.
Efímero resultó el compromiso del Eln de suspender los secuestros, acordado en la última ronda de dialogo. Días después, Antonio García, abruptamente, condicionó la suspensión del secuestro y la libertad de sus víctimas a la prórroga del cese bilateral al fuego y al acuerdo de financiamiento del proceso del proceso de paz. Un nuevo acto de felonía que se suma a los perpetrados en todas las negociaciones por esa organización criminal.
El recrudecimiento de los combates entre las organizaciones criminales en detrimento de las poblaciones inermes, obedecen a la inactividad de la Fuerza Pública por razón de los ceses al fuego generosamente concedidos a las hordas criminales, sin que ello inmute al presidente y a su ministro de Defensa.
La reacción de Petro provoca serios interrogantes sobre sus reales intenciones, o al menos, sobre su capacidad de retomar las riendas de un proceso en cuidados intensivos. Si bien proclamó que su política de seguridad “se basará cada vez más en la inteligencia”, resulta difícil de creer después del desmantelamiento de la misma. Las limitaciones del Ministro de Defensa y el desdén del presidente en emitir las ordenes requeridas, son factores que limitan la acción de las FF.MM. que, de resolverse, se hallarían en capacidad de alcanzar los objetivos estratégicos necesarios.
El país exige claridad sobre los medios y objetivos de la paz total, las estrategias del gobierno y su capacidad de llevarlas a cabo, en vez de los desatinados y confusos mensajes en su cuenta de X. Sin ellos resulta imposible ejecutar una política coherente con los intereses nacionales que sería recordada en los anales de nuestra historia.
El presidente y su gobierno pierden cada día capacidad de acción y confianza ciudadana. Al decrecimiento de la economía, al afán de estatización de la salud, a la descalificación del empresariado y a la obstaculización del emprendimiento productivo, se suman el incumplimiento del acuerdo de paz con las Farc-Ep y la condena a los colombianos a la violencia, por una paz total que él hace imposible de lograr en tiempos de su mandato. Convertirá su legado en una constancia del descalabro de una ideología que no merecía revivirse. Triste balance de una ambición caduca, pero desenfrenada.
Feliz Año para quienes hacen posible la edición del periódico y para sus lectores.