El pasado mes de julio, se reunieron en el hotel Sicarare de Valledupar, los congresistas cesarenses de los partidos políticos de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical, para firmar un pacto que les permitiera asegurar el manejo de la burocracia y el presupuesto del departamento, en los próximos cuatro años.
La escogida para distribuir los puestos y los millonarios contratos a los miembros del “Pacto del Sicarare”, fue Elvia Milena Sanjuan, una cuestionada exalcaldesa del municipio de San Diego, quien actualmente tiene dos imputaciones de las Fiscalías 5 y 12 de la seccional de Valledupar, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e intervención en política. Además, fue asesora de despacho del suspendido ex gobernador, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, llamado recientemente a juicio por supuesta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-.
Es muy preocupante que, una candidata a la gobernación con tan delicadas acusaciones y con semejantes padrinos políticos, tengan opción de continuar desangrando las finanzas públicas del departamento. Según un comunicado de la Contraloría General de la República, este año, ha encontrado hallazgos fiscales (llámense robos) por un monto superior a los 163 mil millones pesos. Esto debe ser motivo de alarma para la justicia, la sociedad y la inmensa población cesarense que vive en condiciones de pobreza, informalidad y desempleo. Claramente, esta es una mala señal de que, en la capital mundial del vallenato, la corrupción permeó todas las esferas sociales. Hasta los funcionarios de los organismos de control están a merced de estas organizaciones criminales, pues, sin su aval, no pueden llegar a esos cargos.
Pero las cosas están cambiando. En la recta final de esta contienda electoral, la mayoría de la población -cansada de tantos escándalos de corrupción y de candidatos títeres del clan-, decidió unirse a la propuesta de gobierno de la candidata a la gobernación, Claudia Margarita Zuleta, una destacada profesional de la salud y el derecho, con una hoja de vida intachable y considerada la mejor diputada del Cesar de los últimos tiempos. Es la candidata más opcional a derrotar un clan de politiqueros que dicen tener más de 70 mil millones de pesos para gastarse en esta campaña.
Ante este desafío, la única opción de triunfo que le queda a población es la de salir masivamente a votar temprano; crear brigadas de inteligencia para ayudar a las autoridades a capturar a la red de traficantes de votos y exigir al Consejo Nacional Electoral, Procuraduría, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo, la vigilancia permanente de sus funcionarios en cada puesto de votación, mesas de escrutinios, firma de actas y custodia de las planillas de votación. A los delincuentes se les enfrenta con la autoridad. Además, ya es hora que los cesarenses le den una lección a la “doble moral” que ejercitan los jefes de los partidos políticos. No hay derecho que mientras Cesar Gaviria Trujillo, Germán Vargas Lleras, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, promulgan la ética en sus partidos desde Bogotá, al mismo tiempo sean permisivos con la compra de votos y la corrupción pública en las regiones. Ya está bueno, liberen al Cesar.