Al menos 44.829 estudiantes y 2.285 profesores colombianos se vieron obligados a suspender clases en el primer semestre del año por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, lo que deja claro que la paz está muy lejos y que la educación sigue siendo afecta por los violentos.
Unos 80 colegios del Catatumbo, región selvática y fronteriza con Venezuela, tuvieron que suspender las clases de forma temporal por temor a la violencia, mientras que la infraestructura de la escuela “La Pacheca” resultó afectada por un ataque armado.
Este ataque brutal contra lo que se supone es un espacio seguro para que los menores de edad aprendan, crezcan y jueguen es una grave violación de los derechos del niño. Poner fin a estos ataques debe ser una prioridad para el Gobierno actual que firmo la paz y que al parecer no ha llegado a esa región del Catatumbo.
Del Catatumbo, una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En esa zona operan además de la guerrilla grupos de narcotraficantes y otros delincuentes dedicados a la minería ilegal.
Los enfrentamientos del primer semestre en el Catatumbo, que dejaron un número indeterminado de muertos, fueron por disputas territoriales; por otro lado estos niños que no asisten a clases están más expuestos al reclutamiento forzoso por parte de grupos armados, así como a convertirse en víctimas del trabajo y abuso infantil.
Desde enero pasado, han sido reportadas, 26 minas terrestres y restos explosivos cerca de las aulas escolares, que obligaron a suspender clases a 3.459 estudiantes. La educación es clave para proteger a los niños en situación de riesgo, pero también para lograr una paz duradera en Colombia. Sólo una adecuada inversión económica en la educación y una efectiva protección podrán promover una generación en paz en este territorio.
Se debe instar al Gobierno Nacional a respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras del 2015, promovida por la Unesco y firmada por 75 países que se comprometieron a proteger a los estudiantes y docentes de los ataques en conflictos armados. Las autoridades educativas en Colombia deben anunciar su respaldo a la declaración lo más pronto posible. Deben garantizar que las necesidades y los derechos de los menores de edad y los jóvenes sean respetados para sacar al país adelante.
Es lamentable que entre el 14 de marzo y el 5 de julio de este año se han desplazado al menos 16.000 personas de diferentes municipios del Catatumbo debido también a enfrentamientos entre la guerrilla y a operativos realizados por la fuerza pública contra esas organizaciones.
Se estima que cerca del 70 % de familias desplazadas han retornado bajo su propio riesgo, pese a la falta de garantías de seguridad, ante las pocas posibilidades de sustento en el lugar de recepción. Unos 4.000 indígenas Barí siguen en riesgo de volver a confinarse por amenazas, por los enfrentamientos bélicos cercanos a sus resguardos y por la presencia de minas antipersonal.
