En medio de la crisis para el abastecimiento de agua potable en Santa Marta, las exigencias del Gobierno Nacional para impulsar la APP que ejecutará el megaproyecto del río Magdalena, la presión que hace el Procurador de General catalogando un problema que va rumbo a una crisis humanitaria.
El entramado alrededor del futuro del agua para Santa Marta pasó de la mera investigación académica y las recomendaciones de una prestigiosa universidad colombiana por petición de organismos públicos, para convertirse hoy en un problema con ribetes de crisis humanitaria, tal como lo expuso recién el procurador general Fernando Carrillo.
Pero paralelo a ello y con la misma importancia, la contaminación a la que la ciudad está siendo objeto por cuanto a los rebosamientos de las aguas servidas también viene sumiendo en una crisis de salubridad y más cuando llegan las vacaciones donde la oferta en hoteles y la sobreoferta en parahotelería golpean con mayor fuerza.
Estos fenómenos han llevado a que el Ministerio Público comience a cuestionar las actuaciones del Gobierno Local para solucionar estas problemáticas, que llegan afectar a un poco más de medio millón de habitantes de Santa Marta.
En oficio enviado al Tribunal Administrativo del Magdalena el dos de octubre del 2017, por parte de la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena, se anexa una Acción Popular contra el Distrito de Santa Marta, la Alcaldía, Essmar ESP, Dadsa; MinHacienda y MinVivienda, con el Viceministerio de Aguas. En ella se expone que el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta no cumple con los requisitos mínimos de optimización y salubridad establecido en el POT.
“La precaria participación presupuestal en el área potable y saneamiento básico por parte del Distinto (Ver cuadro presupuesto agua potable y saneamiento básico), ha imposibilitado la adopción de medida de biodisponibilidad, y en su defecto, de potabilidad del recurso hídrico a fin de asegurar la prestación de un servicio público, continuo y de calidad”, así lo expone dentro de los antecedentes de la acción interpuesta por el Ministerio Público.
Agua hasta los tobillos
En la información que hace parte del proceso judicial se muestran datos como la cobertura del servicio público para los ciudadanos en épocas de sequía que llega apenas al 47%, mientras que en temporada de lluvias alcanza un 68%, por lo que estiman la necesidad de buscar otras fuentes de abastecimiento distintas a las tradicionales, optando entre ellas con los ríos Córdoba y Toribio, “con lo cual se superaría ampliamente el déficit de agua potable en el Distrito”, tal como lo contempla el estudio de abastecimiento de agua para Santa Marta, realizado por la Universidad de los Andes.
Pero en uno de los párrafos posteriores se aclara que para este 2018 debe estar en operación la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) ubicada en Bonda, proyecto que estaba en ejecución por la desaparecida Metroagua y que ahora hace parte de los planes de la APP de Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta.
Según la acción judicial de la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena “el distrito de Santa Marta no ha priorizado la inversión pública para efectos de cubrir las necesidades aún insatisfechas en materia de acueducto y alcantarillado, muy a pesar de conocer la solución a estas y de contar con recursos de libre inversión suficiente para ello….”.
En el mismo documento hace una crítica sobre la destinación del presupuesto: “…De hecho se han realizado cuantiosas inversiones en obras tales como parques recreacionales, separadores viales y jardineras en múltiples avenidas; megabiblioteca, Parque del Agua en un humedal u otras obras que a partir del 2015, han tenido valores superiores a los $165.896,400, con las que desvía la atención a la solución de las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población”.
Por todo lo anterior la Alcaldía debe sortear ahora un proceso judicial ante el Tribunal Administrativo del Magdalena sobre la deficiente inversión de los recursos públicos para el tema del agua potable, sino la solución de las aguas residuales que no dejan de brotar de las alcantarillas de la ciudad.Lo que señala las estadísticas de presupuesto
De este cuadro se desprende datos interesantes como el de las últimas cuatro alcaldías: (José Francisco Zúñiga, Juan Pablo Díaz Granados, Carlos Caicedo y Rafael Martínez) en el que se ejecutó un poco más del 57 por ciento del compromiso específico en el sector de agua potable y saneamiento básico. De los 300 mil 348 millones de pesos dispuestos desde el 2004 hasta el 2017 en el presupuesto para agua y saneamiento, solo un aproximado a 172 mil 519 millones de pesos fue ejecutado.
Contrastes de la ejecución del presupuesto
Cabe destacar dos casos puntuales que no dejan de ser llamativos (ver cifras resaltadas). En la primer año de la administración de Carlos Caicedo Omar (2012) fue el más bajo de las últimas cuatro alcaldías, con un 19.33% del presupuesto de agua y saneamiento ejecutado. Acción que en su momento fue duramente criticada aduciendo una falta de gestión de obras para la ciudad, entre ellas el renombrado colector de aguas de Pescaíto, que para esa época hubo una polémica entre el exmandatario con la estrella del fútbol Carlos, El Pibe Valderrama.
Curiosamente en su último año de mandato (2015) y cuando las campañas políticas de cara a la próxima alcaldía estaban en su recta final, el presupuesto para agua y saneamiento básico llegó a su máximo tope (98.43% de ejecución), quedando Rafael Martínez, miembro del gabinete de Caicedo, como su sucesor.
En suma a la de inversión de los recursos públicos en materia de servicios públicos, la parte actora consideró que resulta nula la red de alcantarillado dado que no tiene la suficiente capacidad para transportar aguas residuales, industriales y pluviales
