Aproximadamente 483 vendedores aparecen en todos los censos y verificaciones, sin embargo, existe una población flotante de foráneos que crean desorden y caos en el espacio público.
En aras de una mayor organización en la avenida Campo Serrano (carrera quinta), la Unidad Defensora del Espacio Público (Udep) adelanta controles pedagógicos y sancionatorios a los vendedores informales, con el objetivo de tener las zonas peatonales más despejadas y mejorar el entorno urbano del Centro Histórico.
El proceso es para recarnetizar a aproximadamente 483 ocupantes del espacio público de esa zona, los cuales tienen su carnet y aparecen en la mayoría de los censos y verificaciones, quienes en un mediano plazo tendrán la posibilidad de elegir entre las alternativas que brindará el Distrito.
Mientras lo anterior sucede, la Alcaldía, a través de la secretaría de Gobierno, la Unidad Defensora del Espacio Público, con apoyo de la Policía Metropolitana de Santa Marta, adelanta operativos en cuanto a la aplicación del Decreto 182 de 2006, el cual reglamenta la actividad de vendedores estacionarios y ambulantes en la ciudad.
Cabe resaltar que ya todos los vendedores informales ubicados en la carrera quinta tipo estacionarios, semiestacionarios y ambulantes conocen la norma porque el Distrito se las ha socializados decenas de veces y aún le siguen haciendo pedagogía.
Secretario de gobierno
Ricardo Rago, secretario de Gobierno Distrital, expresó: “Tratamos de establecer un orden en la ciudad. Lo estamos haciendo a través de unas normas básicas que establece el Decreto 182 de 2006, el cual dice cómo deben estar regulado los vendedores informales en el espacio público, que es un lugar legítimo no, pues las personas no deben estar allí, pero hay unas condiciones que se han dado para lo cual se puede establecer que algunas personas tienen una especie de expectativa dentro de los planes que se van realizar por parte de la Alcaldía que más adelante se darán a conocer”.
Agregó: “Estamos tratando de establecer un orden porque, así como está es un caos, encontramos gente foránea, gente que está un día otro día no, otros que alquilan los puestos, entonces con los estudios se sabe cuáles son los que en realidad ejercen alguna actividad comercial allí desde hace muchos años. Las personas tienen un derecho particular y existen los derechos generales que son de todos los ciudadanos y siempre el derecho colectivo prima sobre el particular y los derechos empiezan donde terminan los del otro, no podemos confundir eso, es que yo tengo derecho al trabajo, todos los tenemos, pero también tenemos derecho a la movilidad por la zonas peatonales. Hay que organizar y que se cumplan los requisitos ya con esas personas se le estarán brindando las alternativas y a los que no cumplen no pueden estar en el espacio público”.
Director de la Udep
Por su parte, Abraham Katime, director de la Udep, manifestó: “El proceso de recuperación de la quinta comenzó con el proceso de caracterización socioeconómica, ahí se establece un marco metodológico para censarlos y complementar el trabajo censal que llevaba años realizándose en los gobiernos anteriores y aquí se le incorporó un estudio más a fondo de la situación social y económica de cada vendedor. En el 2015 el gobierno del exalcalde Caicedo les propuso una alternativa de reubicación, ellos fueron a una asamblea y la rechazaron porque esa alternativa a juicio de ellos quedaba muy distante de su zona de influencia que es la quinta avenida, la oferta estaba para reubicarlos en los que se conoce como el fallido proyecto del Parque Taykú”.
También dijo: “En el actual gobierno inicia una segunda fase que es incorporar estudios tecnológicos y se hicieron nuevos censos digitales, donde se deja claro la geolocalización de cada vendedor y se adelanta fotográficamente el censo para no dejar dudas sobre quien goza o no de algún tipo de derecho frente a la ocupación de espacio público en relación con los que exige la Corte Constitucional en estos casos hacer valer el derecho al trabajo. La segunda fase tardó dos años y se hicieron diferentes muestras censales siempre en temporada baja, cada vendedor se le censo varias veces y se determinó que había 483 vendedores que en efecto estaban ejerciendo su actividad en el sitio donde eran censados reiteradamente y no venían siendo suplantadas por terceras personas, eso sin duda alguna constituye una garantía a favor de ellos que previo a cualquier tipo de restitución de espacio público hay que ofrecerles una alternativa”.
Por otro lado, Katime, indicó: “Existe una población flotante que es objeto permanentemente de controles porque son ambulantes no estacionarios, estamos en la fase tres que es ya tomar caso por caso, expediente por expediente cruzarlo con información más antigua y recibir peticiones quejas y reclamos e incluso a recibir a los voceros de las agremiaciones cruzando toda esa información finalmente se pondrá al despacho del secretario de Gobierno la base de datos definitiva que va hacer objeto de recarnetización y durante cuatro meses se contestarán las reclamaciones, esto se hará en una oficina especial que se abrió en el tercer piso del antiguo edificio de la Beneficencia donde se va a atender exclusivamente a los vendedores del Centro Histórico en particular los de la carrera quinta, al mismos tiempo, son objetos de controles por la Secretaría de Gobierno a través de la Udep con apoyo de la Policía Metropolitana y los inspectores de Policía”.
